El proyecto de ley impulsado por la senadora marplatense Fernanda Raverta (Fuerza Patria) para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad del dominio y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal dio un nuevo paso legislativo este miércoles. La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen favorable y dejó la iniciativa en condiciones de ser debatida en el recinto.
El avance legislativo se produce en medio de la disputa por el futuro del histórico complejo turístico y mientras el Gobierno nacional, a través del ministro de Interior Diego Santilli, acaba de designar a Joaquín Sánchez Charró como vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que tendrá un papel central en las decisiones sobre Chapadmalal.
Sánchez Charró es abogado, tiene 33 años y fue concejal del PRO en Miramar entre 2021 y 2025. Su llegada a la conducción de la AABE se formalizó este miércoles a través del Decreto 755/2026, mediante el cual reemplazó a Bárbara Yael Pintelos.
La designación adquiere particular relevancia por el papel que la AABE tendrá en el futuro de la Unidad Turística de Chapadmalal, que el Gobierno nacional busca concesionar, según los cuestionamientos planteados desde el oficialismo bonaerense.
QUÉ PROPONE EL PROYECTO SOBRE CHAPADMALAL
La propuesta fue aprobada por mayoría durante una reunión encabezada por el presidente de la comisión, Federico Fagioli, en la que participaron legisladores oficialistas y opositores. Sin embargo, La Libertad Avanza y el PRO presentaron un dictamen de minoría y rechazaron el expediente por considerar que la Legislatura no tiene competencia para avanzar sobre un bien administrado por el Estado nacional.
La iniciativa declara la voluntad del Estado bonaerense de recuperar la titularidad del dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal, al sostener que el Gobierno nacional modificó el destino social para el que fue creado el complejo. Además, dispone que el predio sea considerado parte del patrimonio histórico y social de la provincia y quede afectado exclusivamente al turismo social.
El texto también instruye al Fiscal de Estado a promover las acciones judiciales y las medidas cautelares necesarias para reclamar la restitución de los inmuebles y establece que cualquier concesión o transferencia que no garantice el uso social del complejo no podrá ser oponible frente a la Provincia.
Invitada por la comisión para defender el proyecto, Raverta sostuvo que la iniciativa apunta a preservar el espíritu con el que nació el complejo. “Presentamos esta ley porque busca preservar y proteger una historia de turismo social y beneficio para los trabajadores en el complejo de Chapadmalal”, afirmó.
En ese sentido, agregó: “Chapadmalal no se vende. Es patrimonio de los argentinos y tiene que seguir cumpliendo la función para la que fue construido”.
UN EXCONCEJAL DEL PRO, AL FRENTE DE UN ORGANISMO CLAVE
La designación de Sánchez Charró suma un componente político a la discusión por el futuro de Chapadmalal. El nuevo vicepresidente de la AABE fue concejal de Juntos por el Cambio en Miramar y durante su paso por el Concejo Deliberante se manifestó públicamente sobre distintos conflictos vinculados al uso de tierras en la zona.
El abogado comenzó su carrera profesional en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajó como abogado junior y posteriormente quedó a cargo del área de legales. Su ingreso a la política estuvo vinculado inicialmente al espacio de Horacio Rodríguez Larreta.
En enero de este año había sido designado, con carácter transitorio por 180 días hábiles, como director de Coordinación y Trámites de Frontera de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, dependiente del Ministerio del Interior, entonces a cargo de Diego Santilli. La AABE funciona como organismo descentralizado del Estado nacional y depende de la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, dentro de la Jefatura de Gabinete que conduce Santilli.
Su rol será determinante en el futuro de distintos inmuebles estatales. Entre ellos se encuentra la Unidad Turística de Chapadmalal, cuyo esquema de administración y eventual concesión es uno de los puntos que genera el enfrentamiento entre la Nación y la Provincia.
LA DISPUTA CON EL GOBIERNO NACIONAL
La presentación del proyecto bonaerense se produjo luego de que el Gobierno nacional avanzara con medidas para modificar el esquema de administración del complejo turístico. Entre los fundamentos de la iniciativa se cuestiona que esas decisiones implican una “desnaturalización del fin social” con el que fueron afectados originalmente los inmuebles y se advierte sobre el riesgo de que pierdan su función vinculada al turismo social.
Raverta también cuestionó el destino que, según plantea, pretende darle la administración nacional al predio. “El Gobierno nacional ve hoteles para entregarles a privados. Nosotros vemos un patrimonio que hay que recuperar, cuidar y volver a poner en funcionamiento”, expresó. La AABE también tendrá participación en la posible venta de la denominada “Canchita de los Bomberos”, un espacio verde delimitado por las calles Florisbelo Acosta, José Mármol, López de Gomara y Ricardo Gutiérrez.
EL RECHAZO DE LA OPOSICIÓN
Durante el tratamiento en comisión, los bloques de La Libertad Avanza y el PRO rechazaron el proyecto y presentaron un dictamen de minoría.
Según la postura opositora, la propuesta presenta objeciones de constitucionalidad, ya que consideran que una ley provincial no puede desconocer actos administrativos dictados por el Estado nacional ni acreditar, por sí sola, un derecho patrimonial sobre los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal.
Además, sostienen que la administración del complejo corresponde a la órbita nacional y que la Legislatura carece de competencia para avanzar sobre ese patrimonio.
