El debate por el uso de los teléfonos celulares en las aulas bonaerenses dejó de ser una mera discusión pedagógica para transformarse en un nuevo escenario de interna a cielo abierto y pases de factura políticos. Y eso se vio bien claro en la última sesión de Diputados cuando se aprobó por mayoría una iniciativa del bloque dialoguista.
En una dinámica que empieza a volverse costumbre, la Legislatura decidió marcarle la cancha al Ejecutivo y avanza a paso firme con normativas para limitar el uso de pantallas, mientras la Gobernación pisa el freno y dilata las definiciones.
La encrucijada de Axel Kicillof tiene dos frentes de tormenta simultáneos. Por un lado, la reciente sanción en la Legislatura de la iniciativa que apunta a los colegios secundarios; por el otro, el reclamo a viva voz de La Cámpora, que le exige a su propio gobierno que reglamente de una vez por todas un proyecto similar para las escuelas primarias. En el medio, un gabinete educativo que mira con suma desconfianza la idea de imponer restricciones mediante una ley.
FRENO A LAS PANTALLAS: “VOLVER A MIRARSE A LOS OJOS”
En el recinto, el debate por el nivel secundario sumó definiciones clave de la mano del autor de la iniciativa, el diputado Martín Rozas (Unión y Libertad). Al fundamentar la norma, el legislador remarcó que el objetivo central es frenar la “sobreexposición” a los dispositivos y devolverles a los adolescentes un entorno de contención emocional.
Si bien reconoció que el manejo de la tecnología es indispensable para el futuro, advirtió sobre los estragos de la hiperconectividad: “Es necesario que el alumno vuelva a tener ese espacio de socialización en el momento de estar en la escuela secundaria. Ese espacio de mirarse a los ojos, de dialogar, de decir qué es lo que les pasa y lo que sienten”, graficó desde su banca, apelando a su experiencia como docente al ver en los recreos cómo los chicos se comunicaban de un lado a otro a través de un teléfono. Además, aclaró que no se trata de una prohibición ciega a la modernidad, sino de otorgar un marco seguro donde los dispositivos solo operen bajo un proyecto pedagógico puntual.
LA CÁMPORA APURA Y LA LEY “ANTI-PANTALLAS” DUERME EN UN CAJÓN
Pero el dolor de cabeza real para el Gobernador no viene solo de la oposición, sino también del fuego amigo. Mientras la normativa para secundarios ya fue aprobada, en los despachos de la Gobernación sigue durmiendo un proyecto idéntico sancionado para el nivel primario.
Se trata de la ley impulsada por el senador camporista Emmanuel González Santalla, que apunta a restringir el uso de dispositivos en los más chicos. La organización liderada por Máximo Kirchner no oculta su fastidio por la inacción del Ejecutivo y el propio Santalla salió a apurar públicamente al Gobernador y a la titular de Educación, Flavia Terigi, para que pongan la firma y activen la ley de forma urgente.
EL DILEMA DEL EJECUTIVO Y LA VOZ DE LOS COLEGIOS PRIVADOS
La parálisis de la Gobernación responde a una resistencia conceptual de la Dirección General de Cultura y Educación, donde prefieren delegar el manejo al “contrato áulico” de cada docente antes que imponer una restricción por ley. Sin embargo, este limbo deja a las instituciones en un terreno de alta vulnerabilidad frente a las familias.
En medio de este tironeo, los colegios privados nucleados en AIEPA advirtieron que las escuelas necesitan un andamiaje legal claro y autonomía para decidir, alertando que medidas como la retención transitoria de un equipo suelen desatar conflictos con los padres si no cuentan con el respaldo formal del Estado.
