El debate por el uso de los teléfonos celulares en las aulas bonaerenses dejó de ser una mera discusión pedagógica para transformarse en un nuevo escenario de interna a cielo abierto y pases de factura políticos. En una dinámica que empieza a volverse costumbre, la Legislatura decidió marcarle la cancha al Ejecutivo y avanza a paso firme con normativas para limitar el uso de pantallas, mientras la Gobernación pisa el freno y dilata las definiciones.
La encrucijada de Axel Kicillof tiene dos frentes de tormenta simultáneos. Por un lado, la reciente aprobación en el Senado de una iniciativa opositora que apunta a los colegios secundarios; por el otro, el reclamo a viva voz de La Cámpora, que le exige a su propio gobierno que reglamente de una vez por todas un proyecto similar para las escuelas primarias. En el medio, un gabinete educativo que mira con suma desconfianza la idea de imponer restricciones mediante una ley.
LA TERCERA POSICIÓN: LUZ VERDE PARA REGULAR EN SECUNDARIAS
El último martes, la pulseada sumó un nuevo capítulo en el recinto del Senado. Con un amplio consenso, se aprobó la iniciativa del legislador Martín Rozas (Unión y Libertad), que plantea una suerte de “tercera posición”: ni aval total del dispositivo, ni prohibición absoluta.
El proyecto establece que los estudiantes secundarios solo podrán utilizar sus celulares cuando la actividad esté estrictamente enmarcada en una propuesta pedagógica y cuente con la autorización directa del personal docente. El argumento central de la norma es proteger a los adolescentes de la distracción constante, el ciberbullying y los riesgos asociados a un uso excesivo que, en palabras del propio autor, termina por “aislar a los estudiantes” y limitar su socialización.
LA CÁMPORA APURA Y LA LEY “ANTI-PANTALLAS” DUERME EN UN CAJÓN
Pero el dolor de cabeza real para el Gobernador no viene de la vereda de enfrente, sino del fuego amigo. Mientras la iniciativa de Rozas se convirtió en Ley, aunque falta la promulgación, en los despachos de la Gobernación ya descansa un proyecto sancionado que Kicillof se niega a promulgar.
Se trata de la ley impulsada por el senador camporista Emmanuel González Santalla, un alfil clave del kirchnerismo, que apunta a restringir drásticamente el uso de dispositivos en el nivel primario. La organización liderada por Máximo Kirchner no oculta su fastidio por la inacción del Ejecutivo. En las últimas semanas, los roces escalaron al punto de que el propio Santalla salió a apurar públicamente a Kicillof para que ponga la firma y active la ley, argumentando que la exposición temprana a las pantallas acarrea desde problemas de salud mental hasta trastornos físicos severos en los más chicos.
EL DILEMA DE KICILLOF
La parálisis del Ejecutivo frente a las leyes sancionadas no es un descuido administrativo, sino una decisión política y conceptual de la Dirección General de Cultura y Educación. La postura histórica de la Provincia ha sido dejar el manejo de los dispositivos al “contrato áulico” de cada docente, evitando bajar una línea dura desde La Plata.
En su momento, el ex titular de la cartera educativa, Alberto Sileoni, fue el encargado de blanquear la resistencia de la gestión kicillofista ante la embestida de los legisladores. “La palabra prohibición me hace ruido”, confesó sin filtro el funcionario, dejando en claro que, si bien reconocen que existen “desbordes o un uso abusivo” de la tecnología por parte de los alumnos, desde la Provincia prefieren evitar el camino de la restricción absoluta para “darle confianza a los docentes para que trabajen esa situación en el aula”. La actual responsable de Educación, Flavia Terigi, tiene cajoneada la Ley y no la envía a Calle 6 para ser promulgada.
EL RECLAMO DE LOS PRIVADOS: AUTONOMÍA Y RESPALDO LEGAL FRENTE A LAS FAMILIAS
En medio de este tironeo político, los colegios privados también salieron a marcar su postura y le sumaron una nueva capa de complejidad al debate. A partir de la media sanción del Senado para las secundarias, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPA) advirtieron que “cada institución educativa debe tener autonomía para decidir si prohíbe su utilización o establece las condiciones para incorporarlos a su proyecto pedagógico”.
En esa línea, el secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, fue tajante y le mandó un mensaje directo a la política: el aspecto central es que las escuelas cuenten con un andamiaje que las proteja, ya que “una prohibición sin consecuencias claras ante su incumplimiento termina debilitando la autoridad institucional”.
El temor en los pasillos de las escuelas, que agrupan a más de 5.000 institutos en todo el país, no es menor. Según explicaron desde AIEPA, “medidas como la retención transitoria de un dispositivo pueden generar cuestionamientos y conflictos con las familias”. Por eso, exigieron que cualquier regulación contemple procedimientos expresamente habilitados por la normativa para resguardar a docentes y directivos. “Las escuelas son espacios de aprendizaje, socialización y construcción de límites. Pero no podemos olvidar que los celulares son dispositivos que llegan desde el entorno familiar, cuya responsabilidad también resulta fundamental”, remarcó Zurita, dejando en claro que el debate sobre el impacto de las redes sociales excede ampliamente las paredes del colegio.
Ahora, con dos frentes legislativos abiertos y la presión de sus propios socios políticos respirándole en la nuca, el Gobernador quedó arrinconado. Deberá decidir si asume el costo de seguir congelando las leyes que le marca la Legislatura o si termina cediendo el brazo ante un reclamo transversal que exige, de una vez por todas, apagar las pantallas para encender las aulas.
