El gobierno que encabeza Axel Kicillof siempre se pronunció a favor de que los alumnos bonaerenses puede usar el teléfono celular en las aulas, aunque esa posición estuvo lejos de expandirse al resto del espacio político.
A mediados de este año, el senador Unión por la Patria (sí, mismo signo político que llevó a Kicillof a su reelección) Emmanuel González Santalla, presentó un proyecto para prohibir la utilización de celulares entre 1° y 6° grado, aduciendo “mejorar la calidad educativa, fomentar el juego entre pares y reducir los efectos negativos del uso excesivo de las pantallas en las infancias”. Nota al pie, no menos relevante, Santalla milita en La Cámpora.
Ahora apareció en la Legislatura una tercera posición: ni prohibición, ni aval total, sino regulación.
CELULARES EN ESCUELAS: ARGUMENTOS POR EL NO
“Hay una edad de madurez tecnológica, la exposición permanente es algo que tenemos que empezar a discutir. En secundaria también tenemos que trabajar, pero en el uso responsable para que sea una herramienta pedagógica, pero no distractiva. En primaria es diferente porque los chicos están en edad de inmadurez tecnológica”, argumentó González Santalla allá por agosto de este año y agregó “Entre los 7 y los 16 años representan el 30 por ciento del mercado de telefonía en Argentina; empezamos a ver las consecuencias. Van desde cuestiones de salud mental hasta cuestiones físicas”, sostuvo el legislador camporista.
ARGUMENTO POR EL SI
Desde la Dirección General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni señaló que la Provincia sostendrá el camino que tomó hace ocho años de avalar el uso de la tecnología en el aula, pero controlando que esta tenga un uso pedagógico. “Vamos por otro camino”, dijo.
El mercado laboral no mejora: 1,1 millones de desocupados y aumento de la informalidad
La subocupación y el empleo informal aumentan, mientras la cantidad de desocupados se mantiene en 1,1 millón, según el INDEC.
El funcionario de Axel Kicillof recordó en la AM 990 que “en 2006 tuvimos esa norma, en el 2016 se emitió una resolución de las tensiones lógicas que produce la tecnología, pero hay elementos para pensar que se pueden habilitar los dispositivos en el aula siempre que sea un recurso pedagógico”.
“No digo que no tenemos problemas, a veces hay desbordes o un uso abusivo, pero preferimos el camino de la no prohibición absoluta, sino el de darle confianza a los docentes para que trabajen esa situación de aula”, indicó Sileoni.
LA TERCERA POSICIÓN: REGULAR SU USO
La comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense comenzó, días atrás, el debate legislativo del proyecto de ley presentado por el diputado Martin Rozas (Unión, Renovación y Fe) que tiene por objeto regular el uso de los teléfonos celulares y las pantallas tecnológicas en las aulas de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa no busca prohibir su uso, sino limitarlo a procesos de aprendizajes específicos.
En este sentido, la norma plantea que se podrán utilizar los dispositivos cuando: Sea parte de un proyecto pedagógico que fundamente su uso; cuando esté autorizado por las autoridades del establecimiento educativo; cuando esté expresamente incluido en el Diseño Curricular de la asignatura y, por último, cuando esté explicitado en la planificación de contenidos de la asignatura en las que se utilizarán estas herramientas.
“Los celulares y los dispositivos móviles son una herramienta indispensable en nuestra vida cotidiana y brindan herramientas de conocimiento inconmensurables. Pero es necesario que su utilización sea regulada, que se le dé un marco pedagógico, porque el conjunto de la comunidad educativa coincide en señalar que, en muchos casos, el uso del celular en clase dificulta la atención y la participación activa”, planteó el diputado Rozas.
Y enfatizó: “A la dispersión se le suman problemáticas que se deben atender, me refiero específicamente a los múltiples casos de ciberbullying que ocurren en los establecimientos educativos, como así también las apuestas on line que terminan generando ludópatas juveniles”.
Para concluir planteando: “Es necesario proteger a los alumnos y alumnas de las distracciones y los riesgos asociados al uso excesivo de dispositivos móviles”.
