Trabajadores de la Unidad Turística de Chapadmalal, junto a dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), realizaron este miércoles una jornada de protesta contra los despidos dispuestos por el Gobierno nacional y en defensa del turismo social.
La movilización se produjo luego de que se oficializara el pase a disponibilidad de 58 empleados del complejo y en medio de las denuncias por una casi segura privatización del predio.
La actividad comenzó con una recorrida por las instalaciones y continuó con una caravana hacia la Municipalidad de General Pueyrredón. Del reclamo participaron trabajadores de Chapadmalal, de la Unidad Turística de Embalse (Córdoba), otro de los complejos afectados y del área de Turismo Social de Capital Federal.
Entre los presentes estuvieron; el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, la secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas; y el secretario general de la CTA bonaerense y secretario gremial de ATE Nacional, Oscar de Isasi.
Un símbolo de la justicia social
Durante la jornada, los dirigentes sindicales remarcaron que la defensa de Chapadmalal excede la discusión laboral y está vinculada al acceso de miles de familias trabajadoras a las vacaciones y al turismo.
“Estuvimos defendiendo un emblema de la justicia social en los territorios, pero también una política de dignidad para la clase trabajadora”, sostuvo Mercedes Cabezas.
La dirigente recordó que durante décadas el complejo permitió que miles de niños y niñas conocieran el mar por primera vez, mientras que Embalse cumplió un rol similar para familias y jubilados. Según planteó, estas políticas públicas garantizaron el acceso al descanso y al conocimiento del propio territorio para sectores que difícilmente podrían hacerlo por sus propios medios.
La denuncia de un negocio inmobiliario
Desde ATE cuestionaron los argumentos oficiales para justificar el ajuste y aseguraron que el mantenimiento del sistema de turismo social representa una porción mínima del presupuesto nacional.
Cabezas señaló que los complejos “se sostienen con menos del 1% de los impuestos que pagan quienes viajan al exterior” y afirmó que “no constituyen una erogación significativa para el Estado”.
En ese marco, apuntó contra las intenciones del Gobierno nacional. “Entendemos que detrás de esto hay una necesidad de un negocio inmobiliario y de seguir concentrando la economía en grandes espacios turísticos”, afirmó.
Para el gremio, la política impulsada por la administración de Javier Milei responde a una concepción que considera al Estado ajeno a cualquier función de reducción de las desigualdades sociales.
Crece el conflicto por Chapadmalal
La protesta se produjo pocos días después de que el Gobierno nacional oficializara el pase a disponibilidad de 58 trabajadores de la Unidad Turística de Chapadmalal, entre personal de planta permanente y contratados con vínculo vigente hasta fin de año.
La medida profundizó la tensión en torno al futuro del complejo, una de las principales experiencias de turismo social del país. Los gremios sostienen que detrás de los despidos existe un plan de vaciamiento de cara a la privatización de las instalaciones.
Mientras tanto, los trabajadores anticiparon que continuarán las acciones de protesta para defender tanto las fuentes laborales como la continuidad de un modelo de turismo social que durante décadas permitió a miles de argentinos acceder a vacaciones y espacios de recreación.
