Luego de que la legislatura de Mendoza aprobara modificaciones a la ley minera 7722 de esa provincia a la cual habilita a la utilización de sustancias altamente peligrosas como el cianuro y el ácido sulfúrico en los proyectos megamineros, una gigantesca reacción del pueblo intentó evitar que se promulgara.
Sin embargo, ayer, la policía reprimió a la manifestación y esta mañana el gobernador Rodolfo Suárez (UCR) oficializó la nueva y polémica ley. A todo esto, se esperaba la respuesta del gobierno nacional, que hasta entonces no había generado ninguna declaración.
Este martes, el ministro de Ambiente Juan Cabandié aseguró mostrarse “preocupado” por lo que sucede en Mendoza y anticipó que el gobierno nacional podría llegar a “tomar medidas” en el marco de lo expuesto por la Constitución Nacional.
Sin embargo, buscó mostrar diferencias de responsabilidad y dijo que la “competencia en materia de explotación minera es excluvisamente provincial”.
“La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente”, expresó Cabandié.
A su vez, anticipó que se podría tomar medidas en el marco de “la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado”, respaldado por el artículo 41 de la Constitución Nacional, la cual declara el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas.
“Se dispuso que las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera, que sirva como instrumento de gestión ambiental, otorgando un piso mínimo de protección y respetando el dominio originario de los recursos naturales”, explicó el comunicado que lanzó el área de Ambiente.
TE PUEDE INTERESAR
TE PUEDE INTERESAR
