El diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, presentó un proyecto para crear una comisión bicameral que revise todo el andamiaje jurídico argentino respecto de normas que fueron sancionadas en la Dictadura y que aún continúan vigentes.
“Comisión Bicameral de Revisión de Normativa nacional sancionada durante la última Dictadura Cívico-Militar” lleva por nombre la iniciativa del legislador oficialista, que tiene por objetivo “proponer las adecuaciones al sistema de sanción de leyes establecido por nuestro sistema republicano de gobierno”; a la vez que plantea la posibilidad de modificar o directamente derogar normas.
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En caso de aprobarse el proyecto, la comisión en cuestión estaría integrada por veinte miembros: diez senadores nacionales y diez diputados nacionales, propuestos por cada bloque político, “garantizando la proporción de las representaciones políticas en cada una de las Cámaras y la paridad de género”.
“Queremos dar un contundente mensaje de no impunidad y poner al Congreso a la altura de la historia democrática, removiendo otro de los vestigios de la dictadura militar, como es la vigencia de leyes aprobados por fuera del sistema democrático“, explicó Eduardo Valdés.
En la actualidad, se calcula que en Argentina rigen más de 460 normas dictaminadas en el periodo dictatorial que va entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1982, cuando las distintas Juntas Militares azotaron a la ciudadanía, cerrando el Congreso nacional, prohibiendo los sindicatos y algunos medios de comunicación y desplegando el terrorismo de Estado más cruel del siglo XX.
“Si se atiende al total de 4.449 leyes vigentes, se advierte que casi una de cada diez fueron aprobadas por el gobierno de facto. Algunas de ellas son especialmente relevantes y significativas, como la Ley de Entidades Financieras, la Ley de inversiones extranjeras, la Ley de expropiaciones y el Régimen Penal de Minoridad, entre otras”, explicó Eduardo Valdés.
De esa forma, desde el oficialismo pretenden modificar el andamiaje normativo que el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional impulsó, en particular, sobre el sistema financiero argentino, a raíz del impulso al modelo económico implementado por la Dictadura, cuyas consecuencias perduran por medio de esa leyes.
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