En el marco por el mes de la memoria, INFOCIELO dialogó sobre el proyecto económico que llevó a cabo la última dictadura con Victoria Basualdo, coordinadora de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
“Necesitaron de la desaparición y tortura para imponer un modelo económico. A los que estatizaron sus deudas y apoyaron a la dictadura no les pasó nada. Terminaron más ricos y nos dejaron ese regalo”, había expresado Cristina Fernández de Kirchner en un acto en Las Flores, y puso de relieve el eje económico durante el terrorismo de Estado, para luego hablar sobre la deuda actual que la Argentina tiene con el FMI.
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En este sentido, Basualdo explicó los ejes centrales de la política económica del gobierno dictatorial, sus continuidades con el presente, y describió las distintas responsabilidades del sector empresarial en el proyecto económico y la represión desplegada. Además, remarcó la significancia de las condenas a los directivos de Ford Argentina alcanzadas en 2018, y contó las causas de la Provincia que se encuentran en investigación.
– ¿Cuál fue ese modelo económico que instauró la dictadura cívico-militar?
–Me parece acertado pensar en la dictadura como un proceso con muchas dimensiones. La dimensión central que recordamos el 24 de marzo es la represiva, pero también hubo una dimensión refundacional de esta dictadura, que no en vano se llamó Proceso de Reorganización Nacional, y que tenía una ambición muy fuerte en reorganizar la sociedad. Me parece que el discurso que estás citando apunta a esto: no es una cuestión que tenga que ver exclusivamente con la política represiva, aunque claro que está en el centro del repudio del Nunca Más, sino que además hay que entender esta política represiva como muy vinculada con políticas económicas, políticas laborales, que apuntaron a transformar de manera muy significativa a la economía y a la sociedad. En algunos casos, lograron introducir transformaciones que se mantienen hasta hoy, como es la Ley de Entidades Financieras que sigue vigente, como es la gran cantidad de artículos que se cercenaron o se modificaron de la Ley de Contrato de Trabajo y nunca se volvieron a modificar.
Entonces, ¿cuáles es esa transformación económica? Bueno, a diferencia de dictaduras previas en la Argentina, la dictadura del 76´ ocurre en un momento de profundas transformaciones del capitalismo global. Y en una etapa en la cual se pasaba del fordismo al posfordismo, y se comienza a profundizar un proceso de financiarización que marca, en el caso argentino, la instauración de un nuevo patrón de acumulación, con un eje muy importante en la valorización financiera, en la desindustrialización y la reestructuración del sector industrial.
–Siempre se habla del salto de deuda externa durante la última dictadura, y vos sos hija de uno de los principales especialistas en deuda de este país, ¿qué implicó esa deuda que no comenzó con la dictadura pero sí empezó su profundización?
–El endeudamiento externo fue un quiebre fenomenal en la dictadura, se produce un incremento muy significativo de la deuda, que pasa de 8 mil a cerca de 45 mil millones de dólares en el transcurso de la dictadura. Pero no solo un incremento cuantitativo, sino además un cambio en la función del endeudamiento. En la segunda industrialización por sustitución de importaciones tendía a inversiones productivas y a saldar el estrangulamiento externo, que es uno de los problemas tan significativos. Y el proceso de valorización financiera profundiza la financiarización con tasas internas muy altas y con una vinculación estrecha con la fuga de capitales.
Entonces, claramente hay un cambio en la dinámica económica que tiene que ver con factores globales, regionales y con políticas económicas específicas. Y es muy importante ver que estos actores económicos no solo son jugadores muy significativos, como lo es Martínez de Hoz, que había sido el presidente de Acindar hasta su nombramiento como ministro de Economía, y lo mismo sucedió con muchos empresarios que pasaron a integrar las filas de las distintas dependencias oficiales durante la dictadura. Tiene que ver con que son empleadores. Uno podría ver unas relaciones entre militares y empresariado como eje en las relaciones intelectuales e institucionales, como el caso de Martínez de Hoz pero también de Ernesto Alemann, Walter Klein, hay toda una camada de funcionarios muy significativos. Otro es el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Juan Etchebarne, que está en este momento procesado por delitos de Lesa Humanidad. Pero, más allá de estas vinculaciones ideológicas, institucionales y económicas, como decíamos hubo sectores ganadores de este proceso de reconversión económica, sino que además tuvieron un papel muy importante en la represión.
–En 2015 publicaron un exhaustivo informe con el análisis de 25 empresas y su responsabilidad en la represión durante la dictadura. Allí, trazaron distintas dinámicas, desde la existencia de Centros Clandestinos de Detención en fábricas, empresarios presentes en instancias de tortura, provisión por parte de empresas de materiales y logística para la dictadura. ¿Qué figuras penales se pueden concebir en este tipo de relación?
–Es muy importante esto porque esa investigación permitió ver los patrones de funcionamiento de estas dirigencias empresariales que tuvieron una vinculación directa con distintas formas de represión. Por eso, ya no estamos hablando de los otros niveles. Venimos refiriendo distintos niveles de participación empresarial: una cosa es la provisión de cuadros a la estructura del Estado durante la etapa de la dictadura, otra cosa son los beneficios históricos obtenidos a partir de transferencias desde el Estado al capital concentrado. Acá estamos hablando de una alianza estratégica de sectores del empresariado con sectores de las fuerzas armadas y las policías, y que fueron muy específicas como las que decías: provisión de listas, de información, de fotos; presencia de esos cuadros empresariales en los secuestros y, en algunos casos, en las torturas; provisión del espacio físico; y en 5 de los 25 casos analizados, se registraron Centros Clandestinos de Detención donde los trabajadores fueron mantenidos cautivos, maltratados y torturados para luego ser trasladados a dependencias policiales, penitenciarias u otros Centros Clandestinos de los que nunca más volvieron.
Estamos hablando de otra forma de vinculación de las fuerzas armadas y las empresas. Y la pregunta tuya es importante: ¿Qué responsabilidades pueden tener las figuras empresariales respecto de lo que hicieron? Y eso implicó un paso adelante. Porque el informe lo que hizo, con más de mil páginas y un desarrollo metodológico muy amplio y exhaustivo, fue derivar en juicios que, como son penales, no están centrados en la responsabilidad de la empresa, sino en la de determinados individuos. Esto implica un desarrollo adicional enorme y que se hizo, por ejemplo, en una causa muy importante como la causa Ford. Su trámite oral se desarrolló entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, y terminó con una condena histórica, que hace que la Argentina sea un emergente muy importante a nivel internacional en lo que se refiere a violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios empresariales. La condena implicó no solo la condena de Santiago Omar Rivero, como jefe militar de la zona, sino además la condena de Héctor Sibila, jefe de Seguridad de Ford Argentina, y Pedro Muller, gerente de Manufactura de la empresa y un funcionario muy relevante, ya que reemplazaba al gerente general cuando éste se encontraba en el exterior.
–¿Hubo alguna respuesta o comunicado de Ford respecto de esta condena?
–No, no hubo ningún pronunciamiento público por parte de Ford. Lo que proyectan hacia afuera es que son condenas individuales, por más que estos dos altos funcionarios de la empresa fueron condenados por hechos gravísimos, como el secuestro de 24 trabajadores y delegados de Ford. La sentencia dice claramente que el denominador común entre las 24 víctimas es su pertenencia a Ford como trabajadores. Y que, además, el eje central de su persecución, a partir de una gran cantidad de pruebas testimoniales, documentales y de todo tipo, lo que demuestra es que el motivo central fue la persecución debido a la actividad sindical. A los primeros que se llevan son dos trabajadores del comedor que habían logrado ser incluidos en el convenio colectivo de Smata, del cual estaban excluidos porque eran tercerizados, se los consideraba parte de una contratista. Y cuando logran ser incluidos, se los llevan. Entonces, claramente hay una lógica, a partir de una enorme cantidad de pruebas, que permitió sustentar una condena que habla de un Centro Clandestino de Detención en Ford Motors Argentina en Pacheco y de trabajadores que fueron tenidos en calidad de desaparecidos adentro de la propiedad privada de la empresa.
–La causa Ford es una las más importantes en alcanzar un juicio, y se dio en 2017 en momentos donde muchas otras causas contra civiles no lograron prosperar. ¿En qué quedaron las otras causas? ¿Cuál fue el contexto político de las mismas?
–Ford es claramente el gran logro del proceso de responsabilidad empresarial, que tiene muchas trabas. La falta de mérito a Blaquier y Lemos, a pesar de que se comprobó la entrega de las camionetas, en realidad lo que argumentan es que no sabían a qué iban a ser destinadas. Cada vez que se prueban acciones, cada vez se pide más, el estándar se vuelve cuestionable. Lo mismo con Massot, en el caso de La Nueva Provincia de Bahía Blanca. El caso de La Veloz del Norte fue muy importante, con una condena lograda en marzo de 2016, muy significativa respecto al secuestro y tortura a un trabajador. Y esa condena fue revertida un año después; fue anulada porque se consideró que los hechos no estaban vinculados con delitos de Lesa Humanidad. Lo cual, es un caso insólito. Entonces, claramente tenemos una traba significativa para avanzar en estas causas.
Lo que se logró con Ford fue extraordinario, y tuvo un cerrojo informativo impresionante. La repercusión local fue ínfima cuando la internacional fue inmensa. Hemos registrados artículos en América Latina, en Europa, incluso en Taiwán, Japón, Rusia, estuvo en todos lados. Fue una noticia exclusiva y, sin embargo, en Argentina muy poca gente la conoce. Y en este punto, me parece que el cambio de gobierno marcó un cambio muy significativo en términos de impulso de las querellas de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El macrismo abandonó una gran cantidad de querellas. Y el único esquema para que avancen estas causas es nutrirlas con un esquema analítico que permita llevarlas adelante.
–¿Desde cuándo existe la Unidad Especial que coordinas?
–Fue creada en 2010 para otro tipo de causas, más vinculadas con Papel Prensa, que son causas por delitos de Lesa humanidad con motivación económica. Pero en realidad los que eran objeto de persecución, las víctimas, son empresarios. Y sobre esas causas seguimos teniendo hasta en la actualidad. Te mencionaba la causa Chavanne-Grassi, desconocida por el gran público, uno de los procesados es Gugliemineti, de Inteligencia del Ejército, y otro de los procesados es Juan Etchebarne, que fue el presidente de la Comisión Nacional de Valores. Esta causa analiza el secuestro de 28 empresarios y sus familias, de dos grupos: Chavanne y Grassi. Entonces, esta unidad trabaja en las dos líneas: por un lado, las causas con motivación económica que persiguieron a empresarios, y por otro lado la línea de responsabilidad empresarial, que tiene que ver con el involucramiento de empresarios en la represión a trabajadores. Como te decía, en 2019 la unidad se encontró totalmente vacía, y fue reactivada.
–¿Cuáles son las causas más avanzadas que tienen dentro de la Provincia de Buenos Aires?
–La causa Acindar en Santa Fé es la más avanzada, pero dentro de la provincia de Buenos Aires hay una gran cantidad de causas. Tenés el cordón industrial de zona norte, donde se logró lo de Ford, pero al lado de Ford están todo el resto de las empresas con trabajadores desaparecidos, en cuyos casos solo se juzgaron responsabilidades militares. Implica a Cerámicas Lozadur, Mercedes Benz a una gran cantidad de empresas con trabajadores y sindicalistas desaparecidos.
–Te consulto en particular por la causa del Astillero Río Santiago, una empresa estatal, y por el caso del diario La Nueva Provincia, en la que sus nuevos editores se desvincularon el pasado miércoles de la legitimación de la represión.
–Astilleros Río Santiago es la única empresa estatal que nosotros analizamos, y que pertenece al cordón industrial de zona sur en donde también hay muchas causas. Es una empresa emblemática de la incidencia represiva no solo por la cantidad de muertos y desaparecidos vinculados a la fábrica, sino por la articulación que la fábrica ejercía sobre la dinámica de la zona. Además, porque fue una fábrica bajo el dominio de la marina. No solo estatal, militar, sino de la marina, la cual articuló el PLACINTARA, el plan represivo que se desplegó en toda la zona. Y con Astilleros tenemos también Propulsora siderúrgica, Petroquímica Sudamericana, Swift, YPF, hay una gran cantidad investigadas en la zona. En algunos casos, tienen iniciadas investigaciones preliminares en la Justicia, con pautas en instrucción, que se derivan de una causa muy importante de zona sur que fue la causa de la Fuerza de Tareas Nº 5. Una causa de 2015 que analizó la represión obrera y terminó con la recomendación de investigación del papel de las empresas, a partir de toda la información que se recopiló en ese juicio.
En el caso de La Nueva Provincia, se dictó una falta de mérito y recientemente la fiscalía aportó nueva documentación para intentar motorizar la causa. Hay una gran cantidad de pruebas allí, pero hay una traba judicial muy importante. Y por otro lado, en el interior de la provincia también analizamos Loma Negra, que es una causa muy importante por la desaparición de trabajadores y por la desaparición de un abogado laboralista, Carlos Moreno.
Solamente pensando en las fuerzas armadas y en la guerrilla como actores, que fue un poco la interpretación dominante en la década del 80´, la teoría de los Dos Demonios, esas dimensiones capturan cuestiones muy importante como la represión. Nadie puede decir que el papel de las fuerzas armadas no sea central, y que sea muy importante ver sus tensiones internas, la importancia de las guerrillas radicalizadas en Argentina y en América Latina. Ahora, si uno focaliza la historia únicamente en esas dimensiones, se pierde toda esta trama que tiene mucho que ver con la política represiva pero que tiene consecuencias en el presente.
–Analizan el periodo económico, los actores, hasta alcanzar causas penales a individuos. ¿Buscan una condena también contra actores más difusos como la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina, la Asociación de Bancos, ese tipo de sectores representados que también tuvieron un rol en la instauración de un modelo económico?
–Creo que el impulso de un modelo económico no es judiciadizable. Acá estamos hablando de crímenes y van por canales distintos. Los juicios penales abren una tendencia en la Justicia argentina en incorporar factores explicativos que te permiten ubicar estos hechos, estas pruebas en un marco más amplio. Esos actores son los testigos de contexto o testigos expertos en los juicios. Son muy importantes porque permiten vincular los hechos individuales con procesos más amplios. Y esto es una introducción del sistema judicial argentino que es muy significativo, y que muestra una relación entre producción científica y justicia.
Por otro lado, también hablando de delitos de sangre, es muy interesante explorar las dimensiones civil y laboral de los juicios. Se intentó en algunas causas, como el juicio laboral de Conti en el caso de Ford, que le hizo un juicio por despido cuando él estaba secuestrado. Ahí estamos hablando de otra cuestión, que es la participación de personas jurídicas, de empresas en las violaciones a los derechos humanos de manera directa. Esto tiene mucho que ver con lo que se discute en Naciones Unidas respecto a derechos humanos y empresas. En Brasil, por ejemplo, Volkswagen acaba de firmar un acuerdo por su involucramiento en la dictadura, indemnizó a las víctimas y financió sitios de la memoria.
*NOTA PUBLICADA EN MARZO DE 2021
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