Mientras la administración de Javier Milei refuerza su discurso de endurecimiento migratorio puertas adentro, una revelación del New York Times encendió alarmas sobre el rol que la Argentina podría asumir en la estrategia de deportaciones impulsada por Estados Unidos. Según el diario estadounidense, el Gobierno nacional mantiene negociaciones para aceptar en el país a inmigrantes expulsados por Washington, en un esquema que convertiría a la Argentina en un territorio de tránsito para personas de múltiples nacionalidades.
La información publicada por el medio norteamericano plantea una paradoja difícil de disimular. En paralelo a los anuncios oficiales sobre controles fronterizos y expulsiones récord, la Casa Rosada analiza la posibilidad de recibir extranjeros deportados desde Estados Unidos, muchos de ellos provenientes de países con los que la potencia del norte mantiene relaciones diplomáticas tensas o directamente inexistentes.
El mecanismo, conocido internacionalmente como el de “tercer país”, ya fue utilizado por la administración de Donald Trump con otros gobiernos aliados. Bajo este esquema, Estados Unidos deriva a migrantes detenidos hacia países dispuestos a recibirlos de manera temporaria, con el compromiso, al menos formal, de facilitar luego su retorno a los lugares de origen. Sin embargo, distintas organizaciones internacionales advierten que, en la práctica, estos traslados suelen estar rodeados de opacidad, presiones políticas y compensaciones económicas.
De acuerdo con el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), casi una docena de países aceptaron acuerdos similares durante el actual mandato de Trump. En varios casos, esas decisiones estuvieron asociadas a beneficios económicos, alivio de sanciones comerciales o gestos políticos por parte de Washington. En América Latina y África, esta política se tradujo en vuelos masivos de deportación hacia destinos que no siempre contaban con la infraestructura ni los marcos legales adecuados para recibir a las personas trasladadas.
En ese contexto, la eventual incorporación de la Argentina al esquema genera inquietud tanto por su impacto interno como por las señales políticas que envía hacia el exterior.
Hasta el momento, desde el Gobierno nacional evitaron confirmar la información publicada por el New York Times. Fuentes oficiales se limitaron a reiterar que, por política institucional, no se realizan comentarios sobre negociaciones diplomáticas en curso.
Las organizaciones de derechos humanos, en tanto, volvieron a poner el foco en las consecuencias de estas prácticas. Amnistía Internacional advirtió que las deportaciones hacia terceros países suelen implicar la negación del debido proceso, la falta de acceso a asistencia legal y la exposición de los migrantes a riesgos graves, que van desde persecuciones hasta situaciones de violencia extrema.
Más allá de las desmentidas formales, el solo avance de las conversaciones refuerza la percepción de un alineamiento cada vez más estrecho entre el gobierno de Milei y la administración Trump. Una relación que, en nombre de la afinidad ideológica, parece dispuesta a tensionar incluso los propios discursos oficiales sobre soberanía, control migratorio y orden interno.
Por ahora, los detalles del posible entendimiento permanecen bajo reserva. Pero la pregunta ya quedó instalada: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno argentino para consolidar su vínculo con Estados Unidos, y cuál sería el costo político y social de asumir un rol que otros países ya aceptaron bajo fuertes cuestionamientos?
