La denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad , conducido por Patricia Bullrich, escaló a un nivel que enciende todas las alarmas democráticas: el Gobierno solicitó allanamientos contra un medio de comunicación y varios periodistas por la difusión de los audios de Karina Milei. Lo más increíble es que un juez de primera instancia dictó una polémica cautelar aceptando el pedido de los hermanos Milei.
En la mira quedaron las oficinas de Carnaval Stream y los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino y Mauro Federico, entre otros.
El escrito pide secuestrar servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación, teléfonos, notebooks y pendrives. En criollo: vaciar técnicamente una redacción y las casas de comunicadores, en busca de cualquier rastro del material filtrado.
La orden recayó en el juez Julián Ercolini (subrogante del Juzgado Federal 12) y el fiscal Carlos Stornelli. Ambos deberán decidir si dan curso a la solicitud, que incluye además la posibilidad de disponer “ulteriores allanamientos” a medida que surjan nuevos “nodos de producción o almacenamiento del material ilícito”.
¿Censura, distracción o ambas cosas?
Más allá de la investigación, lo que se advierte es un intento directo de controlar la agenda pública, en medio de dos semanas de caos político.
El propio oficialismo sospecha que la filtración podría haber surgido de su entorno cercano. Pero de eso, ni una palabra en la denuncia: se prefiere apuntar a periodistas y medios, en lugar de investigar adentro de la propia casa.
El contexto no ayuda. Mientras se pide allanar redacciones, flotan en el aire otros frentes calientes: la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), los manejos de Osprera, las irregularidades en el PAMI, las reuniones con los hermanos Kovalivker, la escalada del dólar al techo de la banda y, como frutilla, el viaje presidencial para saludar a su ex en medio del desastre
La jugada suena, cuanto menos, a cortina de humo. O a varias.
El choque con la Constitución
El pedido de allanamientos no es un simple trámite judicial. En la práctica, implica incautar material periodístico y con ello vulnerar el secreto profesional de los periodistas, protegido en nuestro país.
La Constitución Nacional, en su artículo 14, garantiza el derecho a publicar ideas sin censura previa. Y el artículo 32 refuerza que no se pueden dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta.
A esto se suma el artículo 75 inciso 22, que otorga jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su artículo 13, la CADH es categórica: está prohibida la censura previa, y los Estados solo pueden establecer responsabilidades ulteriores si se prueba un delito.
Allanamientos preventivos en redacciones o domicilios de periodistas suenan, en cambio, a un salto atrás en materia de derechos.
La medida se presenta como una investigación judicial, pero en los hechos puede convertirse en un acto intimidatorio. Vaciar servidores y equipos de trabajo no es solo recolectar pruebas: es paralizar la labor periodística, congelar líneas editoriales y mandar un mensaje al resto de los medios.
Un déjà vu peligroso
El pedido recuerda a prácticas de otros tiempos, donde la censura y la persecución a periodistas eran moneda corriente.
El oficialismo libertario había prometido dinamitar el “Estado opresor” y devolver libertades individuales, pero la realidad muestra un giro: usar al Estado para disciplinar voces incómodas.
Si se concreta, no solo quedará la mancha institucional, sino también un precedente riesgoso: mañana cualquier publicación que incomode al poder podría ser objeto de allanamiento bajo el pretexto de “investigación forense”.
La Constitución Nacional fue escrita precisamente para evitar que la coyuntura política sirva de excusa para acallar.
En momentos de crisis, los gobiernos tienen dos caminos: abrir más la información para ganar legitimidad, o cerrarla para sobrevivir a corto plazo.
El pedido de allanamientos a medios y periodistas sugiere que el oficialismo optó por el segundo. El problema es que ese camino, además de ser inconstitucional, suele ser más corto de lo que imaginan quienes lo emprenden.
