Con la orden del presidente Macri de recortar diez ministerios y transformarlos en secretarías, se dio paso a un nuevo ajuste en el Estado que –aunque sin detallar- suponía despidos y conflictos laborales.
En el Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano, 10 mil trabajadores se encuentran en una “situación de riesgo” debido a un traspaso del ente que los contrata hacia el ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne.
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Por su parte, unos 100 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, también dependiente del Ministerio de Justicia, podrían ser despedidos para mediados de octubre.
“Estamos en una situación de riesgo de nuestras fuentes de trabajo por dos situaciones: se dará un traspaso de los entes que nos contratan hacia el ministerio de Hacienda, poniendo en peligro a 10 mil trabajadores de ministerio de Justicia. Por otro lado, ya despidieron a un compañero de la Secretaría de Derechos Humanos”, le dijo a este medio Néstor Morua, delegado de ATE en la delegación de La Plata.
Según el delegado, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj “les dio tiempo hasta el 15 de octubre” para que los trabajadores puedan encontrar un traspaso en el Estado, o serán despedidos.
La tarea de los integrantes de esta área es fundamental para el seguimiento de los juicios por lesa humanidad –como es su participación en la querella en el juicio por la brigada de San Justo-, así como una presencia del Estado en casos de violencia institucional y la articulación con organismos de Derechos Humanos.
Macri, Avruj y Garavano recorriendo el ex centro de detención, ESMA.
Políticas que desde la llegada de Macri al poder se vieron desfinanciadas y desarticuladas, poniendo en actos aquella polémica frase del primer mandatario acerca de que los “derechos humanos” eran en realidad “un curro”.
Pero a nivel nacional, unos diez mil trabajadores se encuentran en una situación compleja luego de que el gobierno decidiera traspasar a ACARA (Asociación de Concesionarios de la República Argentina) hacia el ministerio de Hacienda, un poderoso ente que recauda para el Estado a cambio de prestación de servicio, por lo que estiman que de esta manera el ministerio de Justicia podría quedar “desfinanciado”.
Es que ACARA contrata al 70% de los trabajadores del ministerio y por lo tanto representa gran parte de su presupuesto, por lo cual su traspaso le quitará muchos fondos y también profundizará una crisis de financiamiento para otros trabajadores.
“Lxs trabajadorxs de la Delegación La Plata de la Sec. de DDHH y Pluralismo Cultural rechazamos los despidos que Avruj tiene programados y pretende incrementar en los próximos días poniendo en peligro el trabajo que realizamos diariamente por la defensa y promoción de derechos en la provincia de Buenos Aires. Manifestamos nuestra profunda preocupación y nos declaramos en estado de alerta y movilización”, difundieron en un comunicado.
Mañana concentrarán en la dependencia provincial ubicada en La Plata, en calle 9 casi 44.
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