El presidente Alberto Fernández se manifestó este miércoles en repudio del fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires y le otorgó 2,95% de la masa de los impuestos federales coparticipables.
“Un día aciago para el federalismo, con este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto del país“, expresó el mandatario desde un acto en Formosa.
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Y añadió: “La verdad, yo sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y de garantizar federalismo. Federalismo es que todos tengamos las mismas posibilidades de crecer, desarrollarnos en el mismo lugar donde nosotros nacimos.”
Esas fueron las palabras de Alberto Fernández, quien mañana se reunirá con distintos gobernadores para construir una “respuesta política” a lo que consideran un fallo político por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, salió con los tapones de punta y aseguró esta noche durante una entrevista televisiva que “el presidente debe desconocer el fallo“.
“No podemos seguir cediendo las banderas del federalismo porque esto nos lleva puestos a todos”, exclamó Capitanich, armador de la Liga de Gobernadores, y sostuvo que instará “a los principios originales del radicalismo” para que los gobernadores de esa fuerza política también se expidan sobre la posición de la Corte de favorecer con más fondos a la Ciudad de Buenos Aires.
“Es un escándalo, todos los gobernadores tenemos que financiar provincias grandes, con muchas austeridad y muchos esfuerzo. No se puede permitir nunca más este escándalo en Argentina”, remarcó.
En esa dirección, en horas de la tarde también se expidió el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que comanda el diputado Máximo Kirchner, en el que recordaron el derrotero administrativo que culminó con el fallo de hoy.
El comunicado completo del PJ bonaerense
El expresidente Mauricio Macri, aumentó los ingresos de la ciudad más rica del país en detrimento del resto de las provincias a través de un Decreto simple.
El Frente de Todos buscó y logró reparar esta injusticia con los instrumentos que marca la Constitución: ley sancionada con las mayorías requeridas en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Sin embargo, esta “Corte de cuatro” integrada por dos miembros que aceptaron ser nombrados por Decreto, dictaron una medida cautelar que constituye una auténtica aberración jurídica, que por ilegal y contradictoria resulta absolutamente inaplicable.
El fallo de esta corte servil y porteño centrista avanza sobre el desarrollo federal. Implica menos inversión en las provincias para todas y todos: menos escuelas, menos hospitales, menos viviendas, menos rutas, menos inversiones para las y los argentinos.
Rehenes o mascotas de Juntos por el Cambio, poco importa, se comportan como militantes de Macri ¿Se trata de la paga de favores? No puede ser que los fallos del máximo Tribunal sean siempre en un solo sentido.
Sabemos del carácter imposible de tener razón siempre, pero esta Corte solo contempla derechos para los privilegiados y para un solo color político.
No sorprende viniendo de quienes viene. Días atrás el propio presidente de la Corte, Rosatti, manifestó tener más legitimidad que quienes son elegidos por el voto popular (lo dice quien se votó a sí mismo para presidir el máximo tribunal).
Resuenan en este fallo las palabras de su cómplice Rosenkrantz: “No puede haber un derecho detrás de cada necesidad”. Han tomado una decisión que prioriza los privilegios para pocos y perjudica a la enorme mayoría del país.
La Corte Suprema se ha transformado en el mejor de los casos en la escribanía de Macri y Juntos por el Cambio, o en su defecto en el estudio de abogados para defender sus intereses.
Las coincidencias entre los deseos del macrismo y la Corte Suprema no hacen más que aumentar el desprestigio que se cierne sobre el poder judicial argentino y el estado de indefensión del conjunto de la sociedad argentina.
El debilitamiento institucional y las consecuencias ulteriores, entre ellas, la carencia de legitimidad en grandes sectores de la sociedad que dejan de creer en la administración de justicia, podría provocar situaciones desconocidas en nuestro país desde el regreso a la democracia en 1983.
Del mismo modo que en España vemos cómo el pacto de la Moncloa muere en manos de un acuerdo entre el Partido Popular y el Tribunal Constitucional, afrontaremos consecuencias similares, en una situación económica y social mucho más angustiante y con un endeudamiento formidable e histórico que el Poder Judicial argentino se niega a investigar.
No es una discusión en abstracto, se trata de que un grupo de jueces han decidido ser cómplices del macrismo y sin el voto popular le quitan a las provincias argentinas un derecho para favorecer a los privilegiados de siempre.
Rosatti planteó la necesidad de tener “un Poder Judicial y una Corte fuerte” ¿fuerte para qué y a favor de quién? Hasta acá, con los últimos fallos firmados por los supremos queda demostrado que siempre es fuerte con los débiles, nunca con los poderosos.
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