La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Mar del Plata exigieron una investigación judicial exhaustiva sobre el accionar del Intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y de funcionarios de la Secretaría de Seguridad del municipio. La denuncia se centra en presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas que viven, duermen o trabajan de manera informal en la vía pública en Mar del Plata.
Detalles de la denuncia
Según la CPM, desde principios de mes, el municipio implementó medidas coercitivas que incluyeron detenciones, confiscación de objetos personales y malos tratos con el objetivo de desalojar de las calles marplatenses a quienes comúnmente se conoce como “trapitos” y “limpiavidrios”. La Comisión aseguró que “diversos funcionarios municipales ejercieron violencia física y psicológica, amenazas y hostigamiento contra decenas de personas en situación de calle o que realizan trabajos informales en la vía pública”. Además, señalaron que estos actos se justificaron bajo la excusa de hacer cumplir el código de faltas municipal, aunque “los funcionarios se arrogan facultades propias de las fuerzas de seguridad provinciales”.
La situación se agrava, explicaron desde la CPM, ya que “estos hechos fueron convalidados y reivindicados por las autoridades que no solo no ordenaron hacer cesar los mismos, sino que omitieron denunciar las agresiones físicas ejercidas por sus funcionarios”. La denuncia también apunta directamente a Montenegro, señalando que “el mismo intendente las difundió en redes sociales y realizó manifestaciones raciales y discriminatorias, haciendo incluso apología de la comisión de delitos”.
En la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de Mar del Plata, la CPM y la APDH sostuvieron que “las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar de funcionarios estatales, que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas”. Remarcaron que el Estado municipal tiene la obligación de proteger los derechos y garantías fundamentales de todas las personas.
“La violenta intervención municipal, con golpes, agresiones y amenazas, está registrada en los videos que el mismo Montenegro comparte en sus redes sociales”, denunciaron desde la CPM. Además, señalaron que “entre las atribuciones que no le corresponden a los agentes municipales se ven requisas en la vía pública y demoras a las personas, lo que implica la limitación ilegítima de su libertad física”.
La gravedad de estos hechos motivó la presentación de dos habeas corpus preventivos: uno del abogado Julio Hikkilo ante el Juzgado de Garantías Nº 5 de Mar del Plata, a cargo del Juez Gabriel Adrián Bombini, y otro por el titular de la Defensoría N° 10 de Mar del Plata, Mauro Giacomaso, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de la jueza Rosa Frende.
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Contexto social y vulnerabilidad
La CPM contextualizó que “Mar del Plata suele ubicarse entre las ciudades con mayor desempleo. De acuerdo con los datos oficiales para el tercer trimestre de 2024 se ubicó en el cuarto lugar de los aglomerados urbanos con mayor nivel de desocupación, con el 8,4%, junto a los partidos del Gran Buenos Aires”. La situación se agrava en temporada alta cuando el acceso a la vivienda se vuelve más difícil para las personas de bajos recursos, ya que muchos alojamientos económicos son destinados al turismo.
“A esas personas son las que el estado municipal debe prestar aún más atención y velar por el cumplimiento de sus derechos básicos”, remarcaron desde la CPM, enfatizando que lo sucedido en Mar del Plata constituye “violaciones de derechos humanos y de violencia estatal”. La denuncia concluye solicitando una investigación exhaustiva sobre la posible comisión de delitos, apología de los mismos, racismo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y califica los hechos como “un hecho de marcada gravedad institucional”.
La respuesta de Montenegro
En respuesta al pedido de sanción impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria, presidida por Pérez Esquivel, el intendente Guillermo Montenegro defendió en X los operativos contra “trapitos y fisuras” realizados en la ciudad. “La Patrulla Municipal agarró prófugos de la Justicia y eso les molesta. Yo lo celebro, y eso les molesta el doble”, afirmó Montenegro, cuestionando las críticas recibidas por parte del organismo.
El jefe comunal acusó a la Comisión de intentar destituirlo por vías ajenas a las urnas. “Lo que no pueden ganar en las urnas, en las calles o en la voluntad de la gente, lo intentan forzar con una destitución”, señaló Montenegro, y agregó: “Están desesperados. Saben que su extinción está cerca”.
