El llamado “Día de las Falsas Denuncias”, que algunos sectores recuerdan cada 9 de septiembre, volvió a generar debate en Argentina. La fecha, no oficial y altamente controvertida, apunta a visibilizar los efectos de las denuncias falsas en el ámbito judicial, especialmente en causas vinculadas a violencia de género, familia y disputas patrimoniales.
Desde distintos colectivos aseguran que, si bien el fenómeno existe y puede derivar en procesos penales injustos, estadísticas judiciales demuestran que el porcentaje de causas que terminan comprobándose como falsas es bajo. Sin embargo, cada caso conlleva consecuencias graves para las personas involucradas, tanto a nivel social como laboral y familiar.
En el plano policial, fuentes de tribunales consultadas remarcan que una denuncia falsa puede configurar los delitos de falsa denuncia o falsa imputación, con penas que van desde multas hasta prisión efectiva en casos graves. Aun así, especialistas advierten que pocas veces prosperan estas imputaciones porque resulta complejo probar la intencionalidad del denunciante.
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En la Provincia de Buenos Aires, abogados penalistas sostienen que los expedientes por denuncias infundadas generan una sobrecarga en fiscalías y juzgados, retrasando investigaciones de hechos graves. Por su parte, organizaciones de mujeres y colectivos feministas remarcan que la instalación de un “día” que relativice la importancia de las denuncias por violencia constituye un riesgo, ya que podría desalentar a víctimas reales a acudir a la justicia.
