El aumento sostenido de siniestros viales, heridos y muertes encendió las alarmas en Mar del Plata, donde este lunes ingresó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca declarar la Emergencia en Seguridad Vial por el plazo de un año.
La iniciativa, impulsada por el concejal Diego García, del bloque de Unión por la Patria, apunta a acelerar la implementación de medidas de prevención, control y concientización.
Los fundamentos del proyecto se apoyan en estadísticas recientes que evidencian un deterioro en la seguridad vial en Mar del Plata y la región. Según la ONG Familiares de Víctimas del Delito y del Tránsito, durante 2025 se registraron 70 muertes, lo que representa un incremento del 40% frente a las 43 contabilizadas en 2024. A su vez, la Fiscalía N°11 de Delitos Culposos informó 52 homicidios culposos, un 30% más que los 40 casos de 2023.
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El impacto también se refleja en el sistema de salud. El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) reportó que los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de ingreso por lesiones en la guardia: en 2025 se atendieron 2.275 pacientes, cerca del 40% del total. El informe subraya además el protagonismo de las motos —presentes en casi el 70% de los hechos— y un perfil predominante de víctimas: hombres jóvenes, con una edad promedio de 25 años.
Lejos de revertirse, la tendencia continúa durante 2026. En poco más de 100 días ya se contabilizan 26 víctimas fatales entre conductores y peatones. El caso más reciente es el de Mariano Frías, de 30 años, quien murió tras chocar con un camión mientras circulaba en moto.
En este contexto, el proyecto advierte sobre la urgencia de adoptar políticas públicas inmediatas y cuestiona la falta de información oficial actualizada, ya que el Observatorio de Seguridad Vial no publica informes desde 2023.
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La propuesta contempla reforzar los controles de tránsito, mejorar el equipamiento del personal, desarrollar campañas de concientización y ejecutar obras en puntos críticos. También prevé la reactivación del Observatorio y la difusión trimestral de estadísticas durante el período de emergencia.
Más allá del posicionamiento político, la declaración de emergencia permitiría agilizar procesos administrativos y facilitar contrataciones para implementar medidas en el corto plazo. Además, habilitaría al Ejecutivo a firmar convenios con organismos públicos y privados, en un intento por dar respuesta a una problemática que vuelve a instalarse con fuerza en la agenda local.
