La declaración y aceptación de un cargo único de delito por parte de Julián Assange es a cambio de su liberación de una prisión británica. Este acuerdo pone fin a una prolongada batalla legal con Estados Unidos que duró más de una década.
A Assange, de 52 años, se le permitió comparecer ante un juez federal en el tribunal de Saipan, en las Islas Marianas del Norte, una comunidad estadounidense en el Océano Pacífico. Este remoto tribunal está significativamente más cerca de su Australia natal que los tribunales en Estados Unidos continental o Hawai.
EL MIÉRCOLES LA DECLARACIÓN
Está previsto que se presente el miércoles próximo y se espera que vuele de regreso a Australia tras concluir el procedimiento, según una carta de Matthew J. McKenzie, funcionario de la división antiterrorista del departamento.
Assange fundó WikiLeaks, y en 2010 publicó archivos diplomáticos y militares relacionados con las guerras en Irak y Afganistán, filtrados por la ahora mujer trans Chelsea Manning, (en ese momento llamado Bradley Manning), una analista de inteligencia del ejército.
Esta acción catapultó a Assange a la fama internacional, convirtiéndolo en un paradigma de la libertad de prensa.
Los problemas legales de Assange comenzaron en 2012 cuando huyó a la embajada de Ecuador en Londres para evitar la extradición a Suecia, donde enfrentaba acusaciones de violación y agresión sexual, que luego fueron desestimadas.
Permaneció en la embajada hasta 2019, cuando fue expulsado por el nuevo gobierno ecuatoriano y luego arrestado por la Policía Metropolitana de Londres.
Desde entonces, estuvo detenido en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido, mientras sus abogados luchaban contra la extradición a Estados Unidos.
SUS PROBLEMAS CON EEUU
En 2019, un jurado federal de EEUU acusó a Assange de 18 cargos relacionados con la difusión de documentos de seguridad nacional. De ser declarado culpable de todos los cargos, Assange podría haber enfrentado hasta 170 años en una prisión federal. Sin embargo, después de semanas de negociaciones, Assange aceptó declararse culpable de solamente uno de los cargos (conspiración para difundir información sobre la defensa nacional), que conlleva una sentencia de hasta 10 años de prisión.
Este acuerdo no fue inesperado. A principios de este año, el Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, sugirió que los fiscales estadounidenses debían concluir el caso, y el presidente Joe Biden señaló su disposición para una resolución rápida. Los altos funcionarios del Departamento de Justicia acordaron no imponer más penas de prisión adicionales, considerando que Assange ya había cumplido más años en prisión que la mayoría de las personas acusadas de delitos similares.
El caso de Assange es polarizante. Sus acciones de revelar información confidencial eran de interés público y merecían la protección de la Primera Enmienda, otorgada a los periodistas de investigación. En 2021, una coalición de grupos de libertades civiles y derechos humanos instó a la administración Biden a abandonar los esfuerzos por extraditarlo, calificando el caso como una grave amenaza a la libertad de prensa. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses sostienen que las acciones de Assange fueron más allá del periodismo, poniendo en peligro la seguridad nacional y las vidas de los miembros del servicio militar y sus colaboradores.
Durante su detención en Belmarsh, Assange tuvo problemas de salud, incluyendo un pequeño derrame cerebral en 2021. Su esposa, Stella Assange, fue una ferviente defensora, instando a que se abandone el caso y destacando la injusticia de su prolongado encarcelamiento.
El próximo miércoles, cuando Assange se presente, podría marcar el final de una era de litigios que definieron gran parte de su vida en la última década, y por fin, aunque por un atajo legal podrá decirse que se hizo justicia terminando con un encierro tan prolongado.
