Los carteles no tienen firma, llamaron la atención de las y los veraneantes y, en plena campaña, evocan a la “guerra” que se desató entre el Gobierno nacional, once gobernadores y el Frente de Todos en general con la Corte Suprema de Justicia por los fallos favorable a la Ciudad de Buenos Aires y las resoluciones sobre la composición del Consejo de la Magistratura.
El uso de pasacalles y carteles en las rutas es una tradición de las campañas bonaerenses y, junto a los nombres de los precandidatos de la oposición o en soledad, se colgaron leyendas que señalan simplemente y en color azul -el tradicional relacionado con el Justicialismo- “Partido Judicial – Vergüenza nacional”.
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“Partido judicial” es como la vicepresidenta Cristina Kirchner comenzó a referirse a un sector de la Justicia que, en sus descargos, ha calificado como parciales e incluso ligó directamente con dirigentes de la oposición. El kirchnerismo se apropió de ese recurso y lo menciona cada vez que puede para referirse a las acciones de la Justicia que los afectan o benefician a otros sectores políticos.
Si hay algo que ocurrió en los últimos tiempos, en especial con cada una de las apariciones de la vicepresidenta ante la Justicia en el marco de la causa Vialidad por la que terminó condenada a 6 años de prisión, es la exposición del Poder Judicial y sus acciones ante la sociedad.
Por ejemplo, un revelador informe del Centro de Economía Política (CEPA) muestra cómo las decisiones del Poder Judicial, aunque parezcan lejanas a la sociedad, afectan la vida diaria de los 47 millones de argentinos en diferentes áreas como los derechos del consumidor, de las y los trabajadores, cuestiones sanitarias y económicas.
En el transcurso del último mes, dos escándalos sacudieron a la política nacional: primero, la filtración de chats que destapó un viaje a Lago Escondido que realizaron jueces, empresarios y dirigentes políticos de la oposición; luego, la segunda parte de ello en donde se muestra el diálogo permanente entre el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro y el secretario privado del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Esto último derivó en el impulso a un juicio político a la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Alberto Fernández y los gobernadores del peronismo que quieren volver atrás el fallo sobre coparticipación que los afecta.
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