El secretario de Seguridad de San Miguel del Monte y cuatro efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires fueron apresados en las últimas horas por la muerte de cuatro jóvenes tras una persecución a tiros y choque en esa localidad bonaerense, informaron fuentes de la fuerza y judiciales.
Los nuevos detenidos fueron identificados como el funcionario comunal Claudio Martínez, el teniente Ángel Héctor, el oficial inspector José Manuel Durán, la oficial subayudante Nadia Genaro y el subcomisario Franco Micucci.
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“El fiscal que interviene ha dispuesto la aprehensión de cinco personas más (…) Cuatro son efectivos de la policía y uno es civil”, explicó esta tarde a Todo Noticias el procurador general de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, quien se excusó de brindar las identidades de los cinco sospechosos para resguardar el éxito de la investigación.
Las fuentes policiales señalaron que los nuevos policías implicados en la causa ya habían sido desafectados de la fuerza la semana pasada por el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo.
En la causa ya había ocho policías detenidos, siete de los cuales se negaron a declarar ayer ante el fiscal de la causa, Lisandro Damonte., de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de Cañuelas.
Sólo la oficial Melina Blanco (25) dio su versión de los hechos ante el instructor judicial que la acusa de presunto encubrimiento, ya que sospecha que viajaba en una de las patrullas que intentó interceptar el auto en el que se movilizaban las víctimas.
Para los investigadores, la policía observó todo, aunque luego firmó un acta en el que se habrían falseado las circunstancias por las que murieron los jóvenes.
La oficial se presentó espontáneamente el viernes pasado en la fiscalía y manifestó que quería declarar porque había participado del procedimiento y aseguró que ello no figuraba porque sus superiores le dijeron que “era nueva”.
Entonces, se dispuso su aprehensión y la joven entregó su arma reglamentaria y su teléfono a personal de Gendamería que realiza los peritajes en la causa.
Luego, fue desafectada de la fuerza y se sumó a los otros 14 efectivos en esa situación.
Entre los policías que no declararon se encuentran el capitán Rubén Alberto García, los oficiales Leonardo Daniel Ecilape y Manuel Monreal y el subayudante Mariano Ibáñez, quienes están acusados de “homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego”.
A los cuatro se les imputaron los crímenes de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14), que murieron el lunes último cuando el Fiat Spazio en el que viajaban chocó contra un acoplado de un camión mientras eran perseguidos y atacados a balazos por los efectivos.
De acuerdo a la imputación que realizó anteayer la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia, a los cuatro efectivos se los acusa, además, de “homicidio doblemente agravado en grado de tentativa” en perjuicio de una adolescente de 13 años que también viajaba en el auto y que hoy permanecía internada en grave estado en el hospital de Florencio Varela.
En tanto, Garmendia imputó al oficial subinspector José Alfredo Domínguez y a los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez por los delitos de encubrimiento agravado y falsedad ideológica de instrumento público.
Según el procurador Conte Grand, en la causa está acreditado que en el procedimiento participaron tres móviles en los que había en total ocho policías y que desde uno de ellos se dispararon dos armas que les había suministrado la fuerza.
Los peritajes balísticos establecieron que la pistola de la cual salió el proyectil que hirió a uno de los chicos era un arma de las secuestradas a los policías y que una de las víctimas tiene un orificio de un proyectil calibre 9 milímetros.
Además, se encontraron cuatro casquillos de bala que se corresponden con el arma de otro de los efectivos.
Los investigadores intentan aún determinar cuál fue la motivación para que los policías persiguieran a los jóvenes, aunque familiares del conductor aseguraron que era habitual que lo siguieran luego de que en una oportunidad un comisario le pidió una coima de 4.000 pesos para no secuestrarle el auto.
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