El Ministerio Público bonaerense reunió este jueves representantes del Poder Judicial, el Gobierno provincial y la Legislatura en su “Primer Encuentro Interinstitucional”, una jornada que puso en contacto a las principales autoridades de los tres poderes del Estado y a representantes de más de 60 instituciones. La convocatoria, encabezada por el procurador general, Julio Conte-Grand, se realizó en La Plata y tuvo como eje la cooperación institucional frente a distintos desafíos de la provincia.
La actividad se desarrolló en un momento en el que la Suprema Corte de Justicia bonaerense mantiene abiertos varios reclamos ante el Ejecutivo y la Legislatura: desde la autonomía presupuestaria y financiera del Poder Judicial hasta la creación de nuevos órganos judiciales y la cobertura de cargos vacantes. Esas demandas ya ingresaron en la agenda política provincial, con el Presupuesto 2027 como uno de los próximos escenarios de discusión.
Una mesa con representantes de los tres poderes
El primer conversatorio, titulado “El Estado en sus tres poderes: institucionalidad y cohesión social”, reunió a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; al presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara; al titular de la Suprema Corte, Sergio Torres; al ministro de Seguridad, Javier Alonso; al asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y al propio Conte-Grand.
El intercambio estuvo centrado en la articulación entre los poderes del Estado y su contribución al fortalecimiento de las instituciones. Pérez Teruel, por su parte, destacó el papel de la Asesoría General de Gobierno en el acompañamiento jurídico de la Administración Pública y en el desarrollo de políticas públicas dentro del marco de la legalidad.
La presencia de Torres en la mesa adquiere relevancia en el contexto de los planteos que la Corte viene realizando para modificar las condiciones de funcionamiento del sistema judicial. El máximo tribunal provincial reclama que el Poder Judicial tenga mayor capacidad para planificar y administrar sus recursos, además de contar con la estructura necesaria para responder a las demandas del servicio de justicia.
Los reclamos de la Corte, en la agenda provincial
A comienzos de octubre, la Suprema Corte formalizó pedidos al Ejecutivo y a la Legislatura para crear órganos judiciales en distintos departamentos y fueros, entre ellos Penal, Familia, Laboral, Civil y Comercial y Contencioso Administrativo. También solicitó avanzar con la designación de magistrados para dependencias creadas por ley que todavía no están en funcionamiento.
El planteo se suma al proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera que Torres presentó en abril. La iniciativa apunta a que el Poder Judicial pueda elaborar su propio presupuesto, en diálogo con el Ejecutivo y bajo control legislativo, y contempla además un marco para la negociación colectiva de los trabajadores judiciales.
La discusión tiene un componente operativo: la Corte advirtió que la creación de nuevos órganos debe acompañarse con infraestructura, presupuesto y personal. Además, el tribunal funciona actualmente con tres de sus siete integrantes, mientras permanecen vacantes cuatro lugares.
El encuentro interinstitucional no fue presentado como una instancia de resolución de esos reclamos, pero reunió en una misma mesa a autoridades que forman parte de las discusiones sobre el funcionamiento y los recursos del Estado provincial.
Del delito digital al aporte de las universidades
La jornada incluyó otros cuatro conversatorios que ampliaron la convocatoria más allá de la dirigencia política y judicial. Los ejes fueron la comunidad y la construcción del bien común; la cooperación frente al delito en el ecosistema digital y financiero; el aporte de las universidades, la ciencia y la prueba pericial a las investigaciones; y el papel de los colegios profesionales en el desarrollo colectivo.
La convocatoria reunió a universidades, organismos científicos, empresas, colegios profesionales, entidades deportivas, organizaciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil. Entre los objetivos planteados estuvieron el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de los vínculos de cooperación.
Con la iniciativa, la Procuración General buscó ampliar los canales de articulación entre instituciones con responsabilidades y ámbitos de actuación diferentes. La jornada dejó así una imagen de diálogo entre sectores diversos, en paralelo con las discusiones que atraviesan al Estado bonaerense sobre sus capacidades, sus recursos y el funcionamiento de la Justicia.
