Un entramado que mezcla redes sociales, compras internacionales y nombres de alto perfil político quedó al descubierto y tiene en el centro a una influencer que ahora enfrenta un escenario judicial cada vez más complicado.
La causa contra la santiagueña Valentina Olguín dio un salto en las últimas horas, luego de que la Justicia de Tucumán resolviera ampliar su procesamiento. La investigación apunta a una maniobra repetida en la que se habrían utilizado datos fiscales de gobernadores para concretar adquisiciones en el exterior sin levantar sospechas.
De acuerdo a la resolución del Juzgado Federal N° 2, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, ya no se trata de hechos aislados: se le atribuyen al menos quince operaciones bajo la modalidad de contrabando por simulación. El método, según la pesquisa, consistía en “prestar” identidades ajenas —sin autorización— para sortear los límites impuestos a las compras vía courier.
En ese esquema, no solo aparece el nombre del mandatario bonaerense Axel Kicillof, sino que también se sumaron Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Todos habrían sido utilizados como supuestos compradores en envíos que, en realidad, terminaban en manos de la acusada.
El avance del expediente también impactó en las medidas económicas: el embargo sobre los bienes de Olguín fue elevado a 15 millones de pesos, triplicando el monto fijado en una primera instancia. Para la fiscalía, encabezada por Agustín Chit, hubo una operatoria planificada para eludir controles aduaneros mediante declaraciones falsas ante el organismo recaudador.
Las pruebas recolectadas durante el allanamiento refuerzan esa hipótesis. En el domicilio se hallaron comprobantes de envíos internacionales, dispositivos electrónicos, efectivo y ropa importada sin uso, aún en sus empaques originales.
Pese a esto, la defensa insiste en que no existió intención delictiva. La joven había señalado previamente que recurrió a datos disponibles en internet tras agotar su cupo personal de compras, y atribuyó lo ocurrido a una “imprudencia” más que a una maniobra fraudulenta.
Sin embargo, para el juez, la reiteración de los hechos y la elección de figuras públicas de alto rango como supuestos titulares de las operaciones descartan cualquier explicación ingenua.
Con la investigación en pleno desarrollo, el caso se encamina a una etapa decisiva. De confirmarse las acusaciones, la influencer podría enfrentar una condena de prisión, en un expediente que ya dejó de ser un episodio curioso para transformarse en un caso judicial de alto impacto.
