La pulseada política y territorial entre la provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada suma capítulos de extrema volatilidad. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un sorpresivo giro de timón: tras haber revocado días atrás una cautelar de excombatientes del CECIM, el máximo tribunal —con la participación de conjueces y el voto en disidencia de Carlos Rosenkrantz— dictó ahora una medida cautelar “interina” que suspende provisoriamente la derogación de la Ley Nacional de Tierras impulsada en el mega DNU 70/23 de Javier Milei.
Sin embargo, en los pasillos de la Legislatura saben que esta restitución de los límites a la extranjerización es apenas una tregua temporal, atada a un amparo ambiental de la ONG “Árbol de Pie” que aún debe resolverse en el juzgado federal de Bariloche. Conscientes de que el blindaje pende de un hilo judicial, el oficialismo bonaerense decidió no quedarse de brazos cruzados y avanzó con un proyecto para ponerle un candado propio y definitivo a la venta indiscriminada del suelo.
La jugada lleva la firma del jefe del bloque Fuerza Patria en el Senado, Sergio Berni, quien ingresó formalmente el proyecto denominado “Tutela Estratégica del Territorio Rural Bonaerense”. La iniciativa busca ejercer las facultades constitucionales de la Provincia sobre sus recursos naturales para establecer límites estrictos a la titularidad extranjera y reforzar el control sobre zonas hídricas y productivas de carácter estratégico.
“La tierra, el agua y nuestros recursos naturales no son una mercancía más. Son parte de nuestra soberanía y tenemos la responsabilidad de protegerlos para las próximas generaciones. Frente a la ausencia de límites a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires tiene que ejercer las facultades que le corresponden”, disparó Berni al fundamentar el expediente.
EL TOPE DEL 15% Y EL CEPO EN LA “ZONA NÚCLEO”
El corazón del proyecto, que ahora deberá iniciar su derrotero por las comisiones del Senado, apunta a recuperar los parámetros históricos de la ley nacional que Milei busca erradicar, pero aplicados de forma inquebrantable a la geografía bonaerense.
En concreto, la ley fija un límite máximo del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales, un tope que se aplicará tanto sobre la superficie rural total de la Provincia como en el territorio de cada municipio en particular. Para evitar monopolios, el texto agrega una cláusula anti-concentración: una misma nacionalidad extranjera no podrá concentrar más del 30% de ese cupo permitido.
Además, el proyecto pone la lupa sobre el corazón agrícola de la Provincia. Establece un máximo estricto de 1.000 hectáreas por titular extranjero dentro de la denominada “Zona Núcleo”, un área que comprende a los distritos más ricos en términos de productividad agroecológica, como Junín, Pergamino, Rojas, Salto, Chivilcoy y San Nicolás, entre otros.
LA PELEA POR EL AGUA Y LA ALARMA EN EL NORTE BONAERENSE
Más allá de la cuestión productiva, el proyecto de Berni pone un fuerte énfasis en el resguardo ambiental y los recursos hídricos. La ley declara como “zonas de protección territorial estratégica” a todos los inmuebles rurales que contengan o limiten con cuencas hídricas, humedales, costas, islas y áreas naturales protegidas.
En esos casos específicos, la norma es tajante: se presume la denegación automática de cualquier autorización de compra solicitada por sujetos extranjeros, salvo excepciones muy puntuales donde se acredite residencia permanente de más de 10 años y se garantice que la operación no vulnera el acceso comunitario al agua potable.
Para entender la urgencia de la medida, los fundamentos del proyecto exponen datos alarmantes. En territorio bonaerense existen hoy 834.421 hectáreas en manos extranjeras (un 2,89% de su superficie rural total). Sin embargo, la concentración en zonas clave para la logística y el agua dulce es feroz: en el partido de Zárate la extranjerización alcanza el 24,8%, y en Campana trepa a un abrumador 50,2%.
CAZA DE TESTAFERROS Y EL REGISTRO PROVINCIAL
Sabiendo que las grandes corporaciones suelen utilizar atajos legales para eludir los cepos y que la cautelar de la Corte puede caer en cualquier momento, el proyecto incluye un robusto andamiaje jurídico anti-fraude. Para ello, crea el Registro Provincial de Tierras Rurales, un organismo que tendrá la llave para emitir los “Certificados de Habilitación” indispensables para cualquier compraventa de campos.
Pero el dardo más envenenado apunta a los estudios jurídicos y las guaridas corporativas. La ley obliga a identificar fehacientemente al “beneficiario final” de cualquier operación, es decir, a la persona de carne y hueso que se queda con el usufructo del suelo. De esta manera, busca desarmar las redes de sociedades anónimas, fideicomisos y fondos de inversión que actúan como “sociedades vehículo” o prestanombres locales para esconder el capital internacional.
“Proteger nuestro territorio no es cerrar la Provincia a la inversión ni discutir el derecho a la propiedad. Es establecer reglas claras para que ningún interés económico pueda estar por encima de la soberanía y de los intereses de los bonaerenses”, concluyó el legislador oficialista, marcando la cancha frente al modelo desregulador libertario.
EL ANTECEDENTE EN DIPUTADOS: LA PINZA KIRCHNERISTA Y EL CERROJO REGISTRAL
La movida de Sergio Berni en el Senado no es un salto al vacío, sino la segunda fase de una maniobra de pinzas orquestada por el peronismo. Meses atrás, el bloque de diputados de Fuerza Patria ya había pateado el tablero en la Cámara Baja con un proyecto de idéntico espíritu. En aquel texto fundador, el kirchnerismo plantó bandera con un argumento jurídico letal para esquivar la desregulación nacional: sostienen que Buenos Aires conserva competencias exclusivas en materia catastral, registral y de administración tributaria, lo que le otorga luz verde para armar su propio esquema de control territorial frente a la avanzada de la Casa Rosada.
Al igual que la iniciativa que ahora asoma en la Cámara Alta, el expediente impulsado en Diputados propone crear un Registro Provincial de Tierras Rurales y fija el estricto límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la cotizada “Zona Núcleo”. Pero el verdadero as bajo la manga de este proyecto es el candado burocrático que le impone a los grandes negocios inmobiliarios: el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense tendrá terminantemente prohibido tomar razón de cualquier instrumento de transferencia de dominio que no se adecue a la normativa local. De esta forma, buscan bloquear desde el escritorio cualquier intento foráneo de apoderarse de humedales, cinturones hortícolas o recursos hídricos.
Eso sí, la letra chica del proyecto en la Cámara Baja deja abierta una pequeña ventana para casos particulares, evitando que la ley sea tachada de inconstitucional. Quedarán exceptuados de las prohibiciones aquellos extranjeros que acrediten diez años de residencia continua y permanente en el país, los que tengan hijos argentinos (y demuestren cinco años de residencia) y quienes estén casados con ciudadanos argentinos desde hace al menos un lustro. Ahora, con los dos frentes legislativos abiertos, la rosca parlamentaria deberá definir si ambas iniciativas se unifican o si el oficialismo elige uno de los dos textos para darle la estocada final a la era libertaria.
