El ex presidente de YPF, Pablo González, encendió las alarmas sobre las consecuencias directas de la nueva legislación energética en Argentina. Según el ex directivo, en declaraciones a “El Destape Radio”, la implementación de la Ley Bases marcó un punto de inflexión que modificó estructuralmente cómo se determina el valor de lo que los ciudadanos pagan en el surtidor.
Bajo este esquema, un argentino termina pagando el mismo valor por un litro de nafta que un habitante de Uruguay o Paraguay, países que, a diferencia del nuestro, carecen de recursos petroleros propios. Esta situación plantea un interrogante sobre los beneficios de ser un país productor de petróleo si los costos internos no reflejan esa ventaja competitiva.
El fin de las herramientas de regulación
El núcleo del conflicto reside en el artículo 105 de la Ley Bases, el cual prohíbe explícitamente que el Estado fije precios en el mercado local ante fluctuaciones externas.
Históricamente, Argentina contaba con mecanismos de contención, como el denominado “barril criollo” o acuerdos entre productores amparados en la Ley 17319.
Estas herramientas funcionaban como un colchón que evitaba que las bruscas subas del precio internacional del Brent impactaran de forma inmediata y total en el bolsillo de los consumidores locales.
González reconoce que, si bien estos instrumentos fueron utilizados con distinta suerte según el contexto político, su propósito fundamental era proteger a la población de los vaivenes de conflictos bélicos en regiones productoras de energía.
En ese sentido, el ex titular de YPF advirtió que con la nueva normativa esa posibilidad desaparece. “Con esta ley se eliminan todas las herramientas que tenía el Estado para desacoplar los precios internos de los internacionales”, señaló.
De esta manera, sostuvo que el consumidor argentino queda ahora totalmente expuesto a la volatilidad del mercado energético global.
Paridad internacional y exportaciones
Otro punto crítico señalado por el ex funcionario es la liberación total de las exportaciones de crudo contemplada en el mismo artículo 105.
Bajo esta lógica, un productor que opera en Vaca Muerta se encuentra ante la disyuntiva de vender su producción en el mercado interno a un precio regulado o exportarla al valor del mercado internacional.
González ejemplificó el escenario con una situación hipotética: “Si el precio internacional es de 100 y el local de 70, cualquier productor va a elegir exportar”. Esa dinámica obliga a los refinadores locales a competir directamente con los valores globales.
Según explicó, este mecanismo establece una “paridad de exportación e importación” que elimina cualquier diferencial de precio por el hecho de poseer el recurso en el propio territorio.
Impacto social y ambiental
La crítica de González también incluyó una dimensión de justicia distributiva y impacto ambiental. El ex presidente de YPF planteó que resulta injusto que la población argentina deba convivir con las consecuencias negativas de la industria extractiva (como la contaminación ambiental y el agotamiento de recursos no renovables) sin obtener un beneficio tangible en el precio del combustible.
En ese marco, advirtió que cualquier tensión geopolítica, como el actual conflicto en Oriente Medio que involucre a países productores como Irán, se trasladará de forma inevitable a los precios internos de los combustibles.
Para González, el funcionamiento del sistema bajo estas reglas impuestas por el gobierno de Javier Milei, “es una realidad matemática: si sube el precio internacional del petróleo, ese aumento va a terminar trasladándose al surtidor”, concluyó.
