El bloque de diputados enrolados dentro de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para que brinde precisiones sobre la situación financiera del sistema hospitalario bonaerense, con especial foco en una eventual deuda con hospitales provinciales y de gestión compartida (SAMIC).
La iniciativa solicita que, a través de los ministerios de Salud y Economía, el Ejecutivo remita la información requerida en un plazo de 30 días, en el marco de las atribuciones de control de la Legislatura. El objetivo es garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos y el derecho de acceso a la información pública.
Entre los puntos centrales del proyecto, se reclama que se informe el monto total actualizado de la deuda, discriminado por establecimiento y tipo de gestión. Además, se solicita detallar los conceptos que originaron esos pasivos, como insumos médicos, servicios tercerizados, salarios, infraestructura, equipamiento y otros rubros vinculados al funcionamiento hospitalario.
El pedido de informes también requiere precisiones sobre los plazos de pago y la existencia de un cronograma de regularización, su grado de cumplimiento y los criterios utilizados para definir prioridades. En ese marco, se consulta qué medidas adoptó o prevé adoptar el Ejecutivo para garantizar el normal y continuo funcionamiento de los hospitales provinciales frente a la situación financiera.
Otro eje relevante es el de los convenios de financiamiento. Los legisladores solicitan información sobre acuerdos celebrados con hospitales provinciales o de gestión compartida, incluidos aquellos que cuentan con asistencia del Estado nacional, detallando el alcance de esa ayuda y la responsabilidad financiera asumida por la Provincia.
La iniciativa apunta además a conocer la evolución de la deuda en los últimos tres ejercicios presupuestarios, las variaciones registradas y las causas que las motivaron. A su vez, se pide información sobre la distribución de responsabilidades entre la Provincia y los municipios en materia de prestación de servicios de salud, sostenimiento hospitalario y atención primaria.
Por último, el proyecto solicita que el Poder Ejecutivo informe qué mecanismos de publicación, acceso y difusión de la información existen respecto de la situación financiera del sistema hospitalario, con el objetivo de garantizar información clara, completa, verificable y actualizada tanto para la Legislatura como para la ciudadanía.
LAS RAZONES QUE OCULTA EL PEDIDO DE INFORMES
El pedido de informes presentado en la Legislatura se inscribe en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires por el financiamiento y la administración de los hospitales de gestión compartida (SAMIC). Desde el oficialismo libertario sostienen que la iniciativa apunta a transparentar una supuesta deuda provincial y sentar las bases para redefinir el esquema de responsabilidades dentro del sistema sanitario.
En diciembre pasado, el jefe de Gabinete Manuel Adorni aseguró que la Provincia mantiene una deuda de $507.064 millones con cinco hospitales SAMIC, producto de la falta de envío de fondos obligatorios en los últimos años. Según detalló, los mayores pasivos corresponderían al Hospital El Cruce, el Cuenca Alta, el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, el René Favaloro y el Presidente Néstor Kirchner, y remarcó que, pese a tratarse de establecimientos de gestión compartida, su funcionamiento estaría siendo sostenido mayoritariamente por el Estado nacional.
Este planteo se da en paralelo a la estrategia del Gobierno nacional de limitar y reformular el esquema SAMIC. A mitad de año, el Ejecutivo avanzó con el Decreto 460/2025, que dejó sin efecto la posibilidad de crear nuevos hospitales de este tipo y dispuso la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales, argumentando la necesidad de profundizar la descentralización hacia las provincias y cuestionando la eficacia de los entes interjurisdiccionales para garantizar una distribución equitativa de recursos y responsabilidades.
Desde el gobierno de Axel Kicillof rechazaron las cifras difundidas por Nación y denunciaron la falta de diálogo institucional, al tiempo que recordaron que los hospitales SAMIC cuentan con mayoría de participación financiera del Estado nacional, que asume entre el 70 y el 80 por ciento del sostenimiento. En ese marco, advirtieron que cualquier intento de modificar el esquema de funcionamiento, financiamiento o traspaso de estos hospitales debe ser tratado por el Congreso Nacional.
