La aprobación del endeudamiento solicitado por el gobierno de Axel Kicillo dejó un claro saldo político: los intendentes fueron los principales beneficiados. Tras semanas de tensión, idas y vueltas y reuniones frenéticas, el Ejecutivo debió aceptar un paquete de concesiones que no sólo destrabó la sesión, sino que les otorgó a los jefes comunales un nivel de previsibilidad financiera inédito en los últimos años. Este fue un nudo que planteó la UCR y finalmente fue cedido por Calle 6 para conseguir los dos tercios de los votos necesarios.
El punto más celebrado por la tropa municipal fue la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal por $350.000 millones. El monto, que en las primeras ofertas del Gobierno apenas alcanzaba los $120.000 millones, terminó triplicándose empujado por la presión de los intendentes sobre sus legisladores. La clave del acuerdo es que la cifra queda garantizada: ya no depende del ritmo de colocación de deuda y se distribuirá a través de un algoritmo que combina el CUD y los niveles de ingreso de cada comuna, atendiendo a reclamos históricos de equidad.
Además, los pagos se realizarán en cinco cuotas entre 2026 y 2027 en meses estratégicos para no superponerse con los grandes vencimientos provinciales. Los intendentes destacan que este cronograma les devuelve “previsibilidad real”, algo que venían exigiendo para organizar obras, programas sociales y ordenar tesorerías muy golpeadas.
BICAMERAL DE CONTROL LEGISLATIVO
Otro triunfo político fue la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Económica, un órgano que permitirá a la oposición controlar el uso del endeudamiento y del fondo municipal. La facultad de citar ministros, exigir informes y auditar proyectos agrega una capa de transparencia que también fue impulsada por los intendentes opositores para justificar su voto.
El artículo 10 sumó un beneficio clave: la condonación total de las deudas municipales acumuladas durante la pandemia y la crisis salarial de 2023 por el fondo COVID-19 y de Fortalecimiento Municipal. Para muchos distritos, se trata de un alivio inmediato que oxigena las cuentas de 2026 y libera fondos que, de otro modo, deberían destinarse a devoluciones prolongadas al Tesoro provincial.
Por último, los municipios ganaron una protección estructural: topes estrictos a la caída del CUD, que evitan pérdidas bruscas en la coparticipación. Ningún distrito podrá perder más del 5% anual, y si esa caída persiste, el límite se reduce a 2,5% en los años siguientes.
Kicillof obtuvo la aprobación del endeudamiento que buscaba, los intendentes se llevaron el paquete de beneficios más robusto de la última década, resultado directo de una negociación donde fueron protagonistas y, sobre todo, ganadores.
