El Fondo Monetario Internacional ratificó su respaldo al programa económico del gobierno libertario en un contexto de fuerte turbulencia política y financiera tras la derrota electoral en Buenos Aires. Desde Washington, el organismo destacó la adhesión del Ejecutivo al ancla fiscal y a la desregulación, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el mensaje replicando las palabras de Julie Kozack en sus redes sociales.
El apoyo del Fondo llega en un momento clave: el Ministerio de Economía debe enfrentar vencimientos por $7,2 billones y la estrategia oficial es colocar bonos con vencimiento recién el 31 de octubre, apenas tres días después de las elecciones nacionales. La decisión coloca a los bancos ante un dilema: financiar al Gobierno a riesgo de un resultado adverso en las urnas y, en ese marco, definir la tasa de interés que reclamarán. La eliminación de las LEFI ya había abierto una pulseada previa entre el equipo económico y el sector financiero sobre el manejo de la liquidez.
A esto se suma un aspecto central del acuerdo: el FMI dio luz verde para que el Gobierno utilice parte de los dólares prestados en intervenciones cambiarias con el objetivo de sostener un tipo de cambio barato al menos hasta las legislativas de octubre. En los hechos, significa que Milei podrá “quemar” reservas para contener la suba del dólar en plena campaña electoral, algo que contradice la prédica libertaria de dejar que el mercado determine libremente su precio. La semana pasada, el Tesoro ya había anunciado que iba a intervenir para evitar una corrida, lo que fue leído en el mercado como un manotazo electoral.
Milei, a todo o nada
En paralelo, el Presidente avanzó en su plan de ajuste sin concesiones y confirmó que vetará tres leyes aprobadas por el Congreso que implicaban nuevas partidas presupuestarias. Se trata de la norma de emergencia pediátrica, que incluía financiamiento para el Hospital Garrahan; el refuerzo del financiamiento universitario; y la nueva distribución de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores.
La decisión también alcanza a la ley de emergencia en Discapacidad, que podría judicializarse, pero desde el entorno presidencial repiten un mensaje sin matices: “Plata no hay”. El veto en cadena busca dejar en claro que el compromiso con el equilibrio fiscal es innegociable, incluso a costa de tensar la relación con los sectores más vulnerables y con las provincias.
La señal es nítida: el Gobierno intenta demostrar que no habrá cambios en la hoja de ruta económica, pese a la derrota en el distrito más populoso del país. Con esta postura, el oficialismo refuerza un mensaje de continuidad tanto hacia el FMI como hacia los mercados. La lectura política es llamativa: tras perder por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, el Presidente insiste en profundizar el ajuste y mantener su política de endeudamiento, aun de cara a las legislativas de octubre, donde se juega el equilibrio de fuerzas en el Congreso.
