En una jornada decisiva para el futuro ecológico de la región, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de La Plata llevó a cabo una exhaustiva inspección ocular en la Isla Santiago. La diligencia judicial se desarrolló en el marco de una medida cautelar impulsada por la ONG ecologista Nuevo Ambiente, la cual cuenta con fallos favorables tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones. El objetivo central de la acción legal es exigir a los municipios de Ensenada y Berisso la inmediata elaboración e implementación de un Plan de Manejo Ambiental integral para las islas Santiago y Paulino, un territorio de alto valor biofísico.
Durante el procedimiento, que se extendió por más de dos horas, la comitiva estuvo encabezada por el titular del juzgado y funcionarios judiciales, acompañados por representantes de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Ambiente bonaerense, apoderados legales del Municipio de Ensenada e integrantes de la organización demandante. En diversos tramos de la jornada también se hicieron presentes funcionarios locales y pobladores del lugar, quienes expresaron sus inquietudes respecto a la preservación del ecosistema. El recorrido combinó tramos terrestres a través de senderos, calles y zonas de costa, con una navegación por el canal de acceso al puerto y los canales internos de la isla.
Desde la ONG Nuevo Ambiente calificaron la inspección como un paso sumamente positivo dentro del trámite judicial. Para los ambientalistas, resulta fundamental que las autoridades magistradas hayan tomado contacto directo con el territorio, observando sobre el terreno la fragilidad del bioma y dialogando de primera mano con los vecinos que habitan el sector. Esta constatación in situ permite dimensionar de manera precisa la urgencia de establecer reglas claras de ordenamiento territorial que protejan la biodiversidad local frente a intervenciones no reguladas.
Marcos de protección legal y la exigencia de una planificación concreta
Las islas Santiago y Paulino no son territorios carentes de resguardo normativo; por el contrario, fueron declaradas Paisaje Protegido de Interés Provincial mediante la Ley 12.756, mientras que la Isla Santiago suma además la protección conferida por la Ordenanza Municipal 1829 del partido de Ensenada. Sin embargo, desde Nuevo Ambiente advierten que las declaraciones de protección formal resultan insuficientes si no van acompañadas por una herramienta de gestión real. La falta de una planificación previa genera vacíos que ponen en riesgo la sustentabilidad de todo el humedal ribereño.
En este sentido, los ambientalistas sostienen que el Plan de Manejo Ambiental no debe concebirse como un mero documento burocrático o una lista de intenciones abstractas, sino como un instrumento técnico, científico y vinculante. Este plan debe permitir definir de manera anticipada qué usos, obras y actividades son compatibles con la conservación de los recursos naturales. La ausencia de un marco regulatorio claro ha favorecido el avance de acciones antrópicas sin evaluación previa de impacto ambiental, amenazando el equilibrio ecológico que la ley pretende tutelar.
Para lograr un diagnóstico preciso, la organización fundamenta que la elaboración del plan debe recaer en un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en ecología, biología, botánica, zoología, geografía, ingeniería agronómica, arquitectura y sociología. Este abordaje integral permitirá determinar la capacidad de carga del territorio, delimitar zonas de máxima protección, regular la gestión de aguas residuales, controlar especies exóticas invasoras y establecer protocolos estrictos para prevenir incendios forestales y desmontes en la vegetación nativa.
Monitoreo, control costero y freno a las transformaciones irregulares
Otro de los puntos neurálgicos que contempla la propuesta técnica es el control estricto sobre la línea de costa y los ambientes ribereños. Las modificaciones sin sustentabilidad, como rellenos, terraplenes, edificación sobre humedales, muelles y tablestacados, alteran drásticamente la dinámica hidrológica natural del río. Por ello, el instrumento de gestión debe fijar parámetros rígidos de fiscalización, mecanismos de participación ciudadana permanentes e indicadores ambientales que posibiliten monitorear en tiempo real la salud del ecosistema y aplicar sanciones o medidas correctivas inmediatas.
La urgencia de estas medidas cobra especial relevancia frente a las reiteradas denuncias presentadas por vecinos y ambientalistas sobre transformaciones irregulares en distintos sectores de la Isla Santiago. En los últimos tiempos se han detectado desmontes de vegetación autóctona, nuevas construcciones sin habilitación y alteraciones de la ribera. Frente a este panorama, desde la ONG remarcaron con firmeza que la planificación ambiental debe preceder indefectiblemente a cualquier tipo de intervención, y no pretender actuar como un remedio tardío cuando el daño ya es irreversible.
Bajo este enfoque, los ecologistas señalan que las obras o emprendimientos no pueden evaluarse de forma aislada, sino dentro de un análisis acumulativo que considere el impacto total sobre el régimen hídrico, los humedales y la biodiversidad. La discusión de fondo que plantea el litigio judicial no se limita a autorizar o prohibir un proyecto puntual, sino a definir qué modelo de conservación y desarrollo sustentable se proyecta para la isla, respetando los límites biológicos que la naturaleza impone.
Un ecosistema estratégico con biodiversidad única en la región
La relevancia de exigir un manejo sustentable radica en la extraordinaria riqueza biológica que albergan las islas Santiago y Paulino. El área funciona como un refugio de biodiversidad clave dentro del delta del Río de la Plata, registrando más de 170 especies de aves y una variada cobertura vegetal protegida por las normativas de bosques nativos. Además, los juncales de la franja costera cumplen una función ecológica insustituible al actuar como barreras naturales que amortiguan la fuerza del oleaje, retienen sedimentos y previenen la erosión de las costas.
Asimismo, la flora autóctona del territorio incluye especies emblemáticas del monte blanco y matorrales ribereños como la chilca, la mariposera, el algodonillo, la acacia mansa y distintas variedades de sarandí (blanco, negro y colorado), junto con densos alisos de río y renovales de sauce criollo. Este patrimonio natural presta servicios ecosistémicos vitales para toda la Región Capital, regulando las crecidas, purificando el agua y albergando fauna nativa que depende de la continuidad territorial de estos ambientes.
En conclusión, la inspección ocular efectuada por la Justicia marca un hito sustancial dentro de la causa ambiental. Al constatar de manera directa las condiciones del territorio y escuchar las inquietudes vecinales, el tribunal cuenta ahora con elementos de juicio fundamentales para avanzar en la resolución del conflicto. El objetivo final busca garantizar que la actividad humana se desarrolle de forma armónica y respetuosa, protegiendo un legado natural invalorable para las generaciones presentes y futuras.
