Por orden del Congreso, el presidente de la Nación, Javier Milei, tuvo que derogar una serie de decretos de necesidad y urgencia que él mismo había firmado hace unos meses. De esta manera, quedaron sin efecto el cierre de la Dirección de Vialidad o la desregulación de la marina mercante, entre otras iniciativas libertarias. El malestar del gobierno se hizo evidente.
Concretamente, las normas que quedaron derogadas a partir de hoy son el DNU 340/25, el 345/25, el 351/25, el 461/25 y el 462/25. En todos los casos, el gobierno nacional restituir la “plena vigencia” del marco regulatorio legal lo que implica volver exactamente al punto de partida.
Esto aplica para la marina mercante y Vialidad, como ya se dijo, pero también para el INTA, el INTI, el Banco de Datos Genéticos, un puñado de institutos históricos y culturales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el INAFCI, el INASE y la agencia del cannabis ARICCAME.
Ahora bien, en el decreto rectificador firmado por todo el gabinete libertario quedó explícito el enojo del gobierno nacional con el Congreso. Efectivamente, el Ejecutivo acusó al Poder Legislativo de provocar “un vacío normativo de extrema gravedad” por haber declarado la nulidad de una serie de leyes sin aprobar otras que las reemplacen.
En relación a la marina mercante, el gobierno aseguró que “este vacío normativo no solo perpetúa los problemas históricos de la industria sino que los profundiza”. En este sentido, desde la administración libertaria acusaron al Congreso de incurrir en una “grave omisión” al “no dictar un régimen que reemplace aquel que derogó mediante su rechazo”.
Lo cierto es que el gobierno nacional no tuvo más remedio que volver a poner en vigencia las normas que él mismo había derogado hace apenas unos meses. “La única forma de otorgar certeza jurídica a un régimen de extrema importancia para la República Argentina es retomar un régimen deficiente“, explicaron.
