Con el regreso de Javier Milei este sábado tras su gira internacional más extensa, el Gobierno se apresta a ejecutar una serie de medidas que forman parte del núcleo de su programa de desregulación estatal. En la Casa Rosada lo esperan con ansiedad: quedan apenas días para que expiren las facultades delegadas que permiten sortear el Congreso, y hay al menos 13 decretos que dependen de su firma.
La urgencia tiene fecha: el 8 de julio vence el plazo de un año desde la promulgación de la Ley Bases, que otorgó al Ejecutivo poderes extraordinarios para modificar estructuras estatales sin pasar por el trámite parlamentario. Vencido ese plazo, toda reforma deberá volver a negociarse con un Congreso en el que el oficialismo es minoría.
Reestructuraciones, despidos y venta de activos estatales
La batería de decretos en carpeta apunta a la reducción del gasto público, el cierre o transformación de organismos y una mayor centralización de funciones estatales. Entre las áreas más afectadas estarán los ministerios de Salud, Capital Humano y Economía. Las medidas ya redactadas incluyen recortes, eliminación de estructuras duplicadas y venta de inmuebles del Estado.
Uno de los organismos más comprometidos es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que tiene más de 6.000 empleados y 450 sedes en todo el país. El objetivo, según fuentes oficiales, es reducir personal, desprenderse de inmuebles, modificar su esquema de gobernanza y avanzar con privatizaciones parciales. La lupa también está sobre el Senasa, la ANAC y el Instituto Nacional del Cáncer, cuyo traspaso de funciones al Ministerio de Salud sigue sin reglamentarse, a pesar de haber sido anunciado hace más de tres meses.
Un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado señala que actualmente existen 111 organismos en la Administración Pública Nacional: 40 desconcentrados y 71 descentralizados. Según explicó el propio Federico Sturzenegger, la diferencia es clave: “el descentralizado duplica áreas de contabilidad, sueldos, compras… una burocracia infernal”, justificó en su momento al transformar el Banco Nacional de Datos Genéticos en un ente desconcentrado.
La complejidad legal retrasa la publicación de los decretos. Cada medida debe pasar por los departamentos jurídicos del área afectada, por el Ministerio de Desregulación y por la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, conducida por María Ibarzábal. Solo cuando estos pasos se completan, el decreto queda en condiciones de ser firmado.
Pero no todo depende de lo técnico: también hay cálculo político. En Balcarce 50 reconocen que el feriado del lunes y la eventual detención efectiva de Cristina Kirchner pueden alterar el ritmo de los anuncios. “La agenda va a pasar por otro lado”, afirman desde el equipo de comunicación libertaria.
La motosierra también apunta al empleo público. En el último año, la planta estatal se redujo en casi 30.000 trabajadores: de 322.197 en abril de 2023 a 292.801 en el mismo mes de 2024. Sin embargo, hay malestar interno por la congelación de salarios de la plana mayor desde diciembre y la falta de actualización de las Unidades Retributivas que perciben los monotributistas, que no reciben aumentos desde octubre pasado.
Con la inminente expiración de las facultades delegadas, también se abre un interrogante sobre el futuro del propio Ministerio de Desregulación. Aunque no hay definiciones concretas, en la Casa Rosada circula la idea de que esa estructura (creada días antes de que se aprobara la Ley Bases) podría ser reconfigurada. Continuaría con funciones de asesoramiento, pero sin poder normativo, y sus intervenciones se limitarían a sugerencias a otros ministerios. Sin el respaldo legal de los DNU, la motosierra tendrá menos filo.
