El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto al cura villero Lorenzo de Vedia y una vecina de la ciudad de Pehuajó lograron a través de un amparo colectivo ponerle un freno temporal a la eliminación del Fondo de Integración Social Urbana (FISU) que había desmantelado por decreto Javier Milei.
En las últimas horas, el titular del Juzgado Federal de Pehuajó, Andrés Heim, suspendió los efectos y la aplicación de los arts. 1, 4, 5 y 8 del Decreto n° 312/2025 y la liquidación de la totalidad del patrimonio que compone el Fondo de Integración Socio Urbana que, de acuerdo a la decisión del gobierno nacional, sería transferido al Tesoro Nacional y declarados como de “libre disponibilidad”.
La medida cautelar estaba precedida de otra, otorgada en 2024, que ordenaba al gobierno de Milei a tomar las medidas necesarias para la continuidad de la política pública consistente en la integración socio urbana de los “barrios populares” registrados en RENABAP, detalla el sitio especializado Palabras de Derecho.
En ese caso, la presentación logró neutralizar para del Decreto N° 193/2024 que modificaba el destino de lo recaudado por el Impuesto País – antes de su eliminación- y que por las leyes 27.541 y 27.453, quitó la principal fuente de financiamiento del FISU, provocándose la paralización e interrupción de las obras y acciones llevadas a cabo para la urbanización de los denominados “Barrios Populares”.
El gobierno libertario había justificado la eliminación del fideicomiso con acusaciones de presuntos hechos de corrupción durante la gestión de Fernanda Miño, quien se referencia políticamente en el dirigente social Juan Grabois.
La justicia cuestionó la postura “evasiva y dilatoria” del gobierno a los pedidos de información y multó a Sebastián Pareja
En el fallo, la justicia se refirió a la escasa voluntad de la gestión libertaria de proporcionar la información requerida. “La lacónica respuesta arrimada al proceso por los representantes del PEN, que ni siquiera es suscripta por el titular y responsable de la citada área” en referencia a Sebastián Pareja, Subsecretario de Integración Socio-Urbana.
También reprocha las dilaciones pese a los tres meses otorgados con la primera cautelar para enviar información que finalizó con la concesión de una prórroga de otros veinte días hábiles procesales “situación que evidencia que no ha mediado real intención de cumplimiento respecto de la manda judicial de fecha 15 de noviembre de 2024 por parte de la demandada”.
En ese marco, la justicia multó a Sebastián Pareja con “$200 mil pesos día de demora en el cumplimiento de lo ordenado mediante auto interlocutorio de fecha 15 de noviembre de 2024” detalla el documento judicial.
En lo resolutivo y dejando en claro que no analiza la cuestión de fondo – la cautelar se centra tanto la verosimilitud de los derechos invocados como el peligro en la demora, a los que consideran suficientemente cumplidos- también ordenó al Estado Nacional que en tres días “informe cuál es el saldo existente en las cuentas bancarias, inversiones, colocaciones financieras correspondientes al FISU”.
Y le pide que “identifique la totalidad de los bienes fideicomitidos del mismo, así como la composición de sus recursos según su respectiva fuente de financiamiento”.
