El escenario de polarización y paridad que anticipan, fue, tal vez, el combustible de la sospecha de proscripción que sobrevoló sobre el cierre de esta semana. En un distrito sin balotaje, un puñado de puntos arrebatados a uno de los favoritos, pueden ser determinantes para que su rival saque la ventaja decisoria. Es el lugar que ocupaba Guillermo Castello, un dirigente de la Coalición Cívica que militó fuerte para Cambiemos desde la Legislatura, pero que migró al espacio de Espert sobre el filo de la campaña.
La decisión de la Justicia Federal de bajar sus listas lastima menos a su espacio que lo que le aporta al oficialismo. Furioso antiperonista y con alto perfil mediático, Castello simboliza en la Provincia lo que José Luis Espert representa a nivel nacional: el espacio desencantado con la gestión de Macri que corre al presidente por derecha. Un universo al que Cambiemos aspira volver a seducir, y en el que el kirchnerismo es mala palabra.
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El cruce arrancó hace 10 días, cuando la Junta Electoral habilitó las listas de Unir, línea ‘despertar’. En su resolución entendió que el partido político que originalmente había inscripto candidatos, atentó contra los procedimientos legales para sostenerlos. Algo de eso hubo. Después del pase de Alberto Assef -titular del sello UNIR- a la lista de Cambiemos, sus apoderados hicieron lo imposible para entorpecer la formalización de sus candidatos. Recurrieron a viejas mañas enquistadas en estos procedimientos. Con la “clave maestra” en su poder, en la previa del cierre del plazo final –el 29 de junio último- retocaron los datos cargados una semana antes en la Junta partidaria.
Es un procedimiento sencillo: con posibilidad de entrar a las listas cargadas en la Junta, modificaron varios números de documentos de los inscritos. El fin era hacer caer adherentes. Con nombres que no condicen con los DNI cargados, la Junta debe anularlos. Lo que siguió después fue un raid televisivo de Espert denunciando la maniobra. Humo que sólo le sirvió para ganar popularidad victimizándose. En los papeles, que es lo que finalmente vale, los adherentes cuyos DNI habían sido adulterados, se evaporaban. Cada categoría inscrita requiere de un mínimo de adherentes. Cuatro por mil, o dos por mil según los cargos postulados. Al final del camino, Unir perdió más de 6.000 avales.
No fue el único escollo que debieron sortear los candidatos sin partido. Otro fue la simultaneidad de cargos. La decisión de Assef de retirar la línea interna de su partido a la oferta de Espert después de arreglar su desembarco en Cambiemos, provocó una fuga de candidatos del interior, a listas más seguras. Un ejemplo se dio en Tandil: salvo el candidato a intendente y el primer concejal, el resto de los anotados originalmente como postulantes por Unir para las elecciones locales mudaron su candidatura a líneas de Consenso Federal.
No es una falla menor. La ‘simultaneidad’ de candidatos obliga a la Junta Electoral a bajar la lista. Otro ejemplo emblemático de esta irregularidad lo protagonizó la compañera de fórmula de Castello. Además de postularse para presidir el Senado Provincial, su nombre estaba inscrito en la seccional por la tercera.
Al lado de las correcciones administrativas, la representación de Hugo Bontempo, apoderado de otro partido que ni siquiera tiene reconocimiento en el ámbito Provincial, pareció ser un caso menor.
Finalmente, la Junta Electoral de la Provincia terminó validando las listas. Literalmente se constituyó en Junta Partidaria después de comprobar las trabas que le imponía el sello para la conclusión del trámite. Entre otras, cerrar las puertas el día de la oficialización de las listas.
Muchos intentaron igualar la resolución del órgano provincial a resoluciones que levantaron otras líneas del Frente de Todos en la Provincia. El caso de Raúl Othacehé habilitado para competirle a Gustavo Menéndez, en Merlo y de Juan María Viñales, habilitado para enfrentar a Martín Insaurralde en Lomas de Zamora, por ejemplo.
Se les escapó un dato: en estos dos últimos casos, obligó a la Junta Partidarias a darles aval a una línea interna de su propio frente, después de comprobar que los candidatos habían cumplido los requisitos legales que impone la legislación. La situación de los candidatos de Espert en la provincia era substancialmente distinta: su propio partido había resuelto no jugar las elecciones. Resoluciones como las de Othacehé y Viñales se apilan en la jurisprudencia de la Junta Electoral, obligar a un partido que expresamente se niega a competir en una elección no registra antecedentes.
¿Se excedió la Junta Electoral de la Provincia en sus facultades? A priori, no. El círculo que terminó de complicar el cuadro de situación para las aspiraciones de los candidatos de Espert se cerró al otro día de la resolución que los habilitó. El partido Unir se presentó no sólo para objetar la representación de Bontempo de esa línea, hecho que consideró “no probado” sino que manifestó expresamente el renunciamiento de ese partido a participar de las elecciones.
“El partido UNIR ha ratificado no presentar candidatos en estas elecciones atento a que UNIR se desvinculó conforme su inalienable derecho, de la alianza transitoria Frente Despertar en jurisdicción federal de la Provincia y que en el ámbito provincial no celebró alianza alguna. Al desvincularse del Frente Depertar Federal y al haber celebrado un acuerdo político con el Frente Juntos por el Cambio, se adoptó la decisión de no concurrir a elecciones como partido”. Firmado por Francisco Tufankchi, Vicepresidente y apoderado de Unir, reclamó a la Justicia electoral “que se tenga al partido UNIR por ratificada su decisión de no concurrir a las Elecciones PASO y a generales de este año 2019”.
Un principio jurídico regula los actos de construcción de cualquier oferta electoral. Tiene que tener continente, y contenido. Al primero lo constituye el partido que aspira competir, al segundo sus candidatos. Sin partido –que no es lo mismo que una línea interna, como en los casos mencionados en párrafos anteriores- no hay “oferta” para llenar con candidatos. Fue la hendija que encontró la Justicia Federal para bajar las candidaturas. El fallo de Adolfo Ziulu es polémico por la lectura política que se hace de su resolución y por pertenencia, abiertamente cercana con el oficialismo. Pero los entendidos aseguran que la resolución se ajusta a derecho.
La grieta pudo interponerse en las dos resoluciones contradictorias. A la Junta Electoral la preside el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo de Lázzari, enfrentado en las últimas horas con el oficialismo. La integra, además, el Presidente del Tribunal de cuentas de la Provincia, Eduardo Grinberg. Su enfrentamiento con el oficialismo es menos explícito que el del titular de la Junta. Pero en el ámbito político se sabe del malestar que existe con la gestión actual por cuestiones vinculadas a designaciones en su ámbito de acción. Un dato sobresale de la resolución que avalo las candidaturas de Espert: la vocal Ana María Bourimborde no estampó su firma. No se trató de un simple descuido. Nunca estuvo de acuerdo con avalar candidaturas defendidas por un apoderado que, según su visión, no cumplía los requisitos de esa investidura. Si el resto de la Junta hubiese adherido a su posición, la resolución hubiese sido otra.
Sobre el Juez Federal con competencia electoral en la Provincia, Adolfo Gabino Ziulu, llueven sospechas de parcialidad. En su persona unifica dos características que lo condenan: histórico militante radical, y abiertamente anti kirchnerista. Además de haber sido el primer juez en avalar los “tarifazos” de Mauricio Macri, en su despacho descansa la causa que más preocupa a Cambiemos, la de “aportantes truchos”.
El ‘descanso’ es literal. Peleo para quedarse con la investigación donde asoman pruebas sólidas de la comisión de delitos que nada tienen que ver con el ámbito electoral: lavado de dinero; falsificación de documento público y sustracción de identidad. Pero él interpretó que cualquier delito de esa índole sólo podría surgir de la revisión de las rendiciones de cuentas que la Ley obliga a los Frentes presentar después de cada comicios, una tarea que alegó ser exclusiva de su Juzgado. Demasiada cercanía con el oficialismo como para no despertar sospechas.
Como en el caso de la Junta Electoral, Ziulu podría haber validado las listas. El Juzgado que rechazó impugnaciones de todo tipo en las elecciones bajo el argumento de que el sistema democrático debe priorizar la posibilidad de presentarse -alguna vez habilitó las ‘testimoniales’- esta vez decidió apegarse a un razonamiento estrictamente jurídico. La habilitación por parte de la Junta Electoral hubiese alcanzado para dejarlas jugar.
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