Ante la posibilidad de que la crisis económica devenida de la explosión del coronavirus a lo largo y a lo ancho del mundo arrastre consigo a los medios de comunicación, la Unión Nacional de Periodistas del Reino Unido lanzó una propuesta para que empresas tecnológicas paguen un impuesto extraordinario destinado al sostenimiento de quienes sostienen la industria.
“Este sector desempeña un papel único en nuestras comunidades y sustenta nuestra democracia: no puede tratarse como cualquier otro negocio”, declaró al diario The Guardian la secretaria general del sindicato, Michelle Stanistreet.
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En el caso del Reino Unido, análisis de medios advirtieron sobre “la destrucción generalizada de la industria de noticias británica, con la pérdida de los empleos de miles de periodistas”, una situación que lentamente empieza replicarse en nuestro país, incluso en medios tradicionales.
La alternativa que surgió como solución es cobrar un impuesto de 6 por ciento sobre los ingresos de los gigantes tecnológicos, como Google y Facebook, que se alimentan del producto comunicacional que generan los medios. Los ingresos se destinarían a la difícil misión de “rescatar y reimaginar la industria del periodismo”.
No es la única mala noticia para las empresas tecnológicas, que desde hace años disputan -y ganan- mercado publicitario a los medios tradicionales. Recientemente, la Autoridad de la Competencia de Francia le ordenó a Google que negocie con las empresas editoras de diarios que pague por los contenidos que replica, según comunicó oficialmente.
El ente se amparó en una ley de derechos de autor sancionada en octubre de 2019, tras considerar que la empresa abusa de su posición dominante, que se traduce en el acaparamiento de una porción de entre 26 y 90 por ciento del tráfico de noticias en la web. Las negociaciones deben llevarse a cabo “de buena fe” durante los próximos tres meses.
Por lo tanto, le ordena a Google, dentro de tres meses, llevar a cabo negociaciones de buena fe con editores y agencias de prensa sobre la remuneración por la reanudación de su contenido protegido. Con un detalle: el pago debe ser retroactivo a octubre del año pasado, fecha en la que la nueva legislación entró en vigencia.
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