La polémica en torno a legisladores y funcionarios de La Libertad Avanza que obtuvieron créditos hipotecarios del Banco Nación suma nuevas voces, el exdirector de la entidad estatal, Claudio Lozano, rompió el silencio en “Palabras más, palabras menos” de FM Cielo 103.5. Con un tono tajante, Lozano calificó la situación como “una absoluta inmoralidad, es absolutamente inadmisible y profundamente repudiable”. Para el economista, el hecho de que un puñado de funcionarios absorba recursos en un país con un déficit habitacional de 2,5 millones de personas es “realmente inaceptable”.
Conflicto de intereses y “viviendas premium”
Aunque no existe una norma técnica que impida a un funcionario pedir un crédito, Lozano advirtió que la Ley de Ética Pública marca un límite claro. Que una fuerza política que gobierna el banco otorgue créditos a sus propios legisladores “efectivamente supone un conflicto de intereses que es absolutamente judicializable y sancionable”.
Además, cuestionó el uso de una banca pública para estos fines: “Esto es dilapidar recursos crediticios porque la línea de crédito… es una línea de fomento de acceso para los que tienen problemas”, no para financiar “la adquisición de viviendas premium o de viviendas suntuarias” de 400.000 dólares.
Irregularidades bajo la lupa: Los casos Villaverde y Bon Giovanni
Lozano pidió un examen “caso por caso” y señaló nombres propios. Mencionó a la senadora Lorena Villaverde, quien tras ser rechazada en la sucursal de Río Negro, obtuvo el crédito en Casa Central, lo que “alimenta la sospecha de que alguien levante un teléfono”. También apuntó al caso de Bon Giovanni, quien accedió al beneficio pese a tener embargos.
La crítica más ácida fue hacia la coherencia ideológica del oficialismo: “Se la pasan denostando al Estado, diciendo que hay que privatizar el Banco Nación porque es una timba y a la primera de cambio se visten de empleados públicos para acceder al beneficio”. Lozano lo resumió como una “doble vara” propia de proyectos oligárquicos que muestran “elevados niveles de corrupción y elevados niveles de crueldad”.
La sombra de Vicentín y la deuda que no para de crecer
Al comparar este escándalo con el caso Vicentín, donde Lozano fue denunciante, marcó diferencias de escala —4,7 millones de dólares actuales frente a los 300 millones de aquel entonces—, pero subrayó la misma matriz de violación de normas. “En el caso Vicentín había normas internas, que habían sido violadas de manera absoluta”.
Finalmente, Lozano desmintió el discurso oficial sobre el desendeudamiento. Según sus datos, la deuda pública pasó de 370.000 millones a 470.000 millones de dólares bajo la actual gestión. “Cualquier tipo de argumentación en el sentido de que no incrementaron nada es absolutamente ridícula”. Para el referente, se trata de una “deuda odiosa” y “absolutamente nula” que Argentina debería impugnar en lugar de seguir pagando.
