Tras el encuentro que el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo este viernes en Castelar con los representantes de la Mesa de Enlace, circuló un documento de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el que solicitan la rebaja de un 52 por ciento de todos los productos agroindustriales que exporta el país.
En el documento, plantearon la propuesta de reducción de los Derechos de Exportación (DEX) a menos de la mitad, y la justificaron poniéndola en comparación con los beneficios económicos que el Palacio de Hacienda les otorgó a los sectores agroexportadores con los programas denominados “dólar soja” 1 y 2.
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“Estimamos que para 2023 los DEX representarían unos U$S 8500 millones con alícuotas que van del 4,5 al 33%. El dólar soja 1 y 2 tuvo un costo fiscal de U$S 4.437 MM. Con el mismo criterio que el gobierno impulsó el dólar soja 1 y 2, y en el marco de la sequia consideramos que es posible reducir en forma proporcional los DEX en un 52% en promedio a todas las posiciones del sector agroindustrial para la presente campaña“, sostuvo la Sociedad Rural.
De acuerdo a los números de la SRA, los programas de incentivos a los productores y exportadores, que obtuvieron un tipo de cambio de $200 en la primera etapa y de $230 en la segunda, le generó una deuda al Gobierno nacional de U$S 3.995 mil millones.
El cálculo fue el resultado del valor de la Letra intransferible que el Tesoro le colocó al Banco Central; es decir, de la emisión monetaria -tantas veces criticada por la propia Sociedad Rural- que el Gobierno habilitó para pagar la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el que les otorgó a los sojeros.
En caso de que prospere la propuesta de la Sociedad Rural, que debería ser debatida en el ámbito del Congreso de la Nación, los derechos de exportación de la soja pasarían del actual 33% a 15,8%, el aceite de soja de 31% a 14,8%, los pelletes de soja de 31% a 14,8%, el girasol de 12% a 5,7%, el trigo de 12% a 5,7% y las carnes de 9% a 4,3%.
Al respecto, como contó este medio, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, sostuvo hoy en relación a la reunión que “quedamos en estudiar todos los planteos”; a la vez que el ministro Sergio Massa advirtió: “Lo que se pueda hacer, se va a hacer“.
De ese modo, el Gobierno nacional lleva las de perder frente a una dirigencia rural envalentonada por los beneficios ya otorgados, la cual no dudó el año pasado en llevar a cabo un paro nacional de carácter preventivo en medio de la estrepitosa alza de precios de las commodities debido a la guerra en Ucrania; y frente a la necesidad recurrente de divisas -pese a los récord de exportaciones- en el marco del alto endeudamiento.
Según los datos que ayer publicó el INDEC, el complejo sojero embolsó en el año 2022 su máximo histórico de exportaciones por un volumen de U$S 24.174 millones. Fue uno de los puntapiés del volumen de exportaciones inédito para la Argentina, según describió la Cancillería, y estuvo acompañado por “valores récords de exportación del trigo, el maíz, la carne deshuesada, refrigerada y congelada, la cebada, el petróleo crudo y el litio, entre otros”.
Es decir que fue un gran año principalmente para el puñado de transnacionales exportadores de soja del país, en tanto que no fueron pocos los productores agropecuarios que reclamaron que los beneficios otorgados por el Gobierno nacional con el dólar soja 1 y 2 no les llegó en proporción al momento de vender sus granos; o bien muchos -en especial los pequeños productores- se quedaron sin percibir el pequeño aumento brindado a la tonelada de soja, ya que no habían podido especular con la retención de sus granos y ya habían vendido su cosecha.
Asimismo, a la presión de la Sociedad Rural se le suma la del frente opositor al Gobierno que, en medio de un año electoral, salió a reclamarle medidas para paliar la grave sequía que afecta al territorio nacional y en especial a la zona núcleo.
“A la tremenda sequía que vive la Provincia se le suma la pésima gestión de un gobernador marxista que ve en el campo un enemigo. Su fórmula es siempre la misma: aumento de impuestos, cero asistencia a los productores y abandono total de las pymes”, sostuvo el titular del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, pese a que el Gobierno bonaerense ya decretó la emergencia agropecuaria en la gran mayoría de los municipios y las zonas afectadas por la sequía.
La declaración de la emergencia implica, entre otras cosas, que los productores afectados no deberán afrontar el pago del impuesto inmobiliario rural, el principal tributo provincial para los sectores agrarios.
En esa línea se expresó además su colega de bancada y aparente candidato a gobernador, Diego Santilli: “El gobernador llega tarde como siempre. Solo es socio en las ganancias y se borra en las pérdidas”. A la vez que remarcó que se podrían perder U$S 14.000 millones en exportaciones por la sequía.
Por su parte, en conjunto con Conninagro, CRA y Federación Agraria, la Sociedad Rural le sumó al pedido de bajar las retenciones a menos de la mitad, que el Gobierno nacional suspenda los anticipos de Ganancias y promueva la prórroga o excepción de otros impuestos provinciales.
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