La Libertad Avanza volvió a llevar a la Legislatura una propuesta de desregulación administrativa, esta vez vinculada al sistema de tránsito. El diputado platense Juanes Osaba presentó un proyecto para que las multas impagas dejen de impedir la renovación o el otorgamiento de la licencia de conducir, una modificación que abrirá un debate entre quienes consideran que el actual sistema es un mecanismo de recaudación y quienes sostienen que constituye una herramienta para incentivar el cumplimiento de las normas de tránsito.
La iniciativa propone modificar el artículo 8 de la Ley Provincial de Tránsito N°13.927 para eliminar la obligación de presentar un libre deuda como condición para tramitar el registro.
De aprobarse, ninguna autoridad provincial o municipal podría exigir el pago previo de multas, tasas o tributos para emitir, renovar o entregar un duplicado de la licencia, salvo en aquellos casos en los que exista una inhabilitación vigente o una sanción firme que impida conducir. “Milei ahorca a la Provincia, no tenemos obra pública de Nación, no llega el auxilio fiscal y encima, ahora, quieren sacarnos una fuente de ingresos”, sostuvo un jefe comunal del Interior bonaerense ante este proyecto.
QUÉ CAMBIA CON EL PROYECTO
Actualmente, muchos municipios y la Provincia exigen que el conductor regularice las infracciones pendientes antes de completar el trámite de renovación del registro.
La propuesta libertaria mantiene la obligación de pagar las multas, pero separa el trámite administrativo de la licencia del proceso de cobro. En consecuencia, las deudas seguirían existiendo y el Estado conservaría las herramientas legales para reclamarlas, aunque ya no podría utilizar la renovación del carnet como condición para exigir el pago.
El proyecto también establece que las infracciones que aún no tengan sentencia firme no podrán impedir el trámite. En esos casos, la autoridad únicamente podrá informar al conductor sobre la existencia de antecedentes pendientes.
EL ARGUMENTO LIBERTARIO: “EL REGISTRO ES PARA MANEJAR, NO PARA RECAUDAR”
Para justificar la iniciativa, Osaba sostiene que ni la Ley Nacional de Tránsito ni la legislación bonaerense establecen expresamente el libre deuda como requisito para acceder a la licencia, sino que esa obligación fue incorporada posteriormente mediante el Decreto 532/09.
Desde esa perspectiva, el diputado considera que el Estado transformó un trámite destinado a verificar la aptitud para conducir en un mecanismo de presión para garantizar el cobro de multas.
“El registro de conducir es para manejar, no para recaudar. Si una multa corresponde, que el Estado la cobre por las vías legales, pero no impidiendo que un vecino pueda renovar su licencia”, sostuvo el legislador al presentar la iniciativa.
En los fundamentos del proyecto también se argumenta que la Provincia ya cuenta con el juicio de apremio para reclamar las infracciones con sentencia firme, por lo que impedir la renovación del registro implicaría utilizar una herramienta administrativa con fines recaudatorios.
UNA DISCUSIÓN QUE EXCEDE EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO
Más allá de los argumentos libertarios, el proyecto también abre un debate sobre la política de seguridad vial.
Actualmente, el libre deuda funciona como uno de los principales incentivos para que los conductores regularicen sus infracciones antes de renovar la licencia. Si esa exigencia desaparece, el Estado mantendría la posibilidad de reclamar judicialmente las multas, aunque perdería una herramienta administrativa que hoy utilizan tanto la Provincia como los municipios para asegurar el cobro.
Los impulsores del proyecto sostienen que ambas cuestiones deben permanecer separadas: la aptitud psicofísica y técnica para conducir, por un lado, y las deudas económicas derivadas de infracciones, por otro.
