El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y el gremio de controladores aéreos vuelve a ubicarse en el centro de la escena este viernes, cuando vence la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo y se abre la posibilidad de que se retomen las medidas de fuerza en plena temporada alta. La definición mantiene en vilo la operatoria de Aeroparque, Ezeiza y la mayoría de los aeropuertos del país, a la espera de una salida al conflicto salarial que lleva meses sin resolverse.
Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) confirmaron la convocatoria a una nueva audiencia para el próximo 16 de enero y no descartaron solicitar una extensión de la conciliación por cinco días hábiles más, como alternativa para evitar un paro inmediato. En ese marco, la empresa volvió a apuntar contra la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), a la que acusó de sostener una postura inflexible.
“Desde EANA se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos en plena temporada alta de verano”, señalaron desde la compañía estatal. En el mismo comunicado, remarcaron su “voluntad de apertura al diálogo” y advirtieron que la “posición beligerante de ATEPSA no busca mejores condiciones laborales, sino generar daño”.
Del lado sindical, en cambio, sostienen que el escenario actual es consecuencia directa del fracaso de las negociaciones paritarias y del incumplimiento de acuerdos previos. ATEPSA, conducida por Paola Barritta, viene denunciando la falta de diálogo desde 2024 y advirtió que, de no haber una respuesta satisfactoria a sus reclamos, las medidas de fuerza podrían reactivarse de manera inmediata. No obstante, el gremio reiteró que quedarán exceptuados todos los vuelos en situación de emergencia, así como las operaciones sanitarias, humanitarias, de Estado y aquellas vinculadas a tareas de búsqueda y salvamento.
Antecedentes de una disputa abierta
El conflicto no es nuevo y se arrastra desde mediados del año pasado. En julio se dictó una primera conciliación obligatoria en la antesala de las vacaciones de invierno; en agosto se concretaron tres jornadas de paro nacional; en noviembre se llevaron adelante nueve días de protesta que impactaron en vuelos de carga y en instancias de capacitación técnica; y en diciembre se realizaron dos paros que afectaron vuelos de pasajeros, lo que derivó en la actual tregua administrativa vigente desde el 23 de diciembre.
A ese escenario se suma el frente judicial. La Justicia investiga un presunto fraude administrativo vinculado a un acta paritaria firmada en 2023, en la que figuran como responsables la ex presidenta de EANA, Gabriela Logatto, y la titular de ATEPSA, Paola Barritta, por la supuesta incorporación de aumentos salariales anticipados para 2024 que no constan en los registros oficiales. Además, la empresa presentó una denuncia penal contra el gremio por acciones que, según sostiene, habrían puesto en riesgo la seguridad operacional, como la colocación de elementos sindicales en torres de control.
Con la conciliación obligatoria a punto de expirar y sin un acuerdo paritario a la vista, el conflicto vuelve a encender señales de alarma en el sistema aerocomercial. La posibilidad de un paro sobrevuela las próximas horas y deja abierta una expectativa de tensión que podría impactar de lleno en la circulación aérea y en miles de pasajeros en todo el país.
