El 2023 comenzó ya hace algunos meses, al menos para quienes se dirimirán como candidatos en las próximas elecciones de octubre, en lo que se conoce como un “año electoral”, donde las operaciones de prensa y las flamantes fake news invaden las comunicaciones.
En medio del verano, cuando muchos argentinos y argentinas optan por turistear en los bellos paisajes patagónicos, la noticia de un incendio en la localidad chubutense de El Hoyo fue propicia para que la dirigencia política le diera mecha a la maquinaria creadora de opinión.
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Se trató de uno de los trágicamente habituales incendios de verano de los bosques patagónicos, que se desató en la tarde del domingo y continuó avanzando este lunes en zonas lindantes con domicilios particulares, lo que generó la preocupación de la población de El Hoyo.
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El fuego requirió las tareas de las delegaciones provinciales de Cholila, Epuyén, El Bolsón, Lago Puelo, y el envío de un helicóptero Chinook especializado en incendios por parte del ministerio de Ambiente nacional, además de dos aviones hidrantes, otro helicóptero y más de 135 brigadistas.
El presidente Alberto Fernández llamó al intendente local, Pol Huisman (FdT), para “ponerse a disposición”, tal como hiciera en el aún peor incendio de marzo de 2021. Mientras que desde la oposición, dirigentes de Juntos por el Cambio y de Avanza Libertad, insuflaron la idea de que el incendio había sido provocado por “terroristas” de la RAM.
La responsabilidad de la “Resistencia Ancestral Mapuche”, organización desconocida hasta la llegada de Patricia Bullrich a la cartera de Seguridad nacional, fue informada primero por medios periodísticos locales y, más tarde, amplificada por noticieros nacionales, a partir de la difusión en redes sociales de un panfleto con la firma de la RAM que se adjudicaba el incendio.
Si bien el subcomisario Emanuel Morales, jefe de la sede regional de la Brigada de Investigaciones de la Comarca Andina chubutense, rápidamente señaló la falsedad de ese panfleto viralizado en las redes, y manifestó que se trataba de un fotocopia antigua, el presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, ya hablaba sobre “terroristas bancados por el gobierno”.
Incluso, el diputado y candidato libertario José Luis Espert solicitaba de modo público una medida extrema para la democracia como la declaración del estado de sitio, lo cual significa la suspensión de las garantías constitucionales para los habitantes de esa región.
“Esto es subversión, delito contra la propiedad, etc. El gobierno tiene que declarar estado de sitio en la zona, enviar fuerzas federales (si se acciona junto con Chile mejor) y ahí es cárcel o bala contra estos delincuentes”, declaró.
Llegada la noche del lunes, cuando varios medios nacionales optaron por rectificarse de su información, los máximos dirigentes opositores continúan con sus duros posicionamientos, en una pincelada de lo que el 2023 augura en el terreno electoral.
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