El reloj de arena de la Legislatura se quedó sin margen. Un dato de color grafica a la perfección el nivel de urgencia: el cronómetro empezó a correr este domingo a las 00:00 , quedan alrededor de 710 horas para que llegue la medianoche del 30 de noviembre y el periodo de sesiones ordinarias baje definitivamente la persiana. Con el Presupuesto 2027 y la Ley Fiscal Impositiva todavía en los despachos de Calle 6 a la espera de terminar el análisis de los números nacionales, todo el arco político ya asume que la verdadera “Ley de Leyes” y el paquete impositivo tendrán que transpirarse en sesiones extraordinarias durante el verano.
No es un debate más. Para Axel Kicillof, este es su último presupuesto y la plataforma definitiva desde donde deberá apalancar su candidatura a la Presidencia de la Nación. Pero antes de discutir la caja del año electoral, el oficialismo tiene que destrabar un embudo legislativo dramático: si no logran sesionar contrarreloj, decenas de proyectos clave del Ejecutivo volverán a perder estado parlamentario, tal como ocurrió en 2025.
Esta semana no habrá sesiones ni en el senado (se reunió solo 4 veces en el año), ni en diputados (hace poco firmó su sexta ordinaria del 2026).
UN AÑO DE PARÁLISIS Y EL FRACASO DEL SENADO
El 2026 será recordado como un año de bajísima producción de leyes. La maquinaria arrancó tarde, empantanada durante meses por la rapiña en el reparto de las comisiones, y nunca logró encontrar velocidad crucero. Hasta un senador (Sergio Berni) del mismo bloque que la conductora de la Cámara Alta (Verónica Magario), llegó a pedir qué, tanto él como sus pares, devuelvan el sueldo de los primeros meses por no haber trabajado. Todo quedó en un anuncio mediático sin fuerza legislativa.
En ese esquema, la Cámara de Diputados funcionó como el motor de arranque. Allí se lograron empujar y dar media sanción a iniciativas de peso (como los cambios en los juicios orales, proyectos sobre el sobreendeudamiento familiar, la liberación de la primera cuota del fondo municipal FEFIM y el inminente debate por la regulación de los casinos online). Sin embargo, todos esos expedientes chocaron contra el agujero negro en el que se convirtió el Senado.

La Cámara Alta que conduce la vicegobernadora Verónica Magario es el epicentro del fracaso político del oficialismo. Pese a que Unión por la Patria cuenta con quórum propio (24 bancas) y los números suficientes para aprobar normativas de forma exprés, la interna peronista dinamitó cualquier posibilidad de avance. Magario no logró alinear a los barones del conurbano ni contener al massismo. El resultado está a la vista: los ambiciosos proyectos del Ministerio de Salud (el Sistema Integrado SIPBA y la Empresa de Medicamentos) duermen en un cajón y están a punto de caerse por segunda vez consecutiva, reeditando el papelón de 2025. A la lista de espera en la Cámara Alta se suma, además, la ley de autarquía que exige a los gritos la Suprema Corte de Justicia y cargos en la Justicia bonaerense, dado que este año no se aprobó ningún pliego.
EL PEAJE OPOSITOR PARA EL PRESUPUESTO PRESIDENCIAL
Mientras el oficialismo cuenta los porotos para ver si salva los proyectos antes de fin de mes, la oposición ya marcó la cancha y le puso precio a sus votos para el Presupuesto 2027. Saben que Kicillof se juega su proyección nacional y piensan cobrarle el peaje más caro de su gestión.
Las trincheras opositoras están divididas en dos grandes bloques de exigencias. Por un lado, el radicalismo y el PRO se erigen como el escudo protector de los intendentes. Su demanda es clara: los fondos para los municipios deben llegar de manera automática y ser de “libre disponibilidad”, sin quedar rehenes de la burocracia provincial. A esto le suman la exigencia de inyectar recursos en obra pública e infraestructura, y la negativa rotunda a cualquier impuestazo que siga asfixiando a las PyMEs y los comercios.

Por otro lado, los libertarios y los bloques de derecha afilan la motosierra bonaerense. Condicionan el endeudamiento a una reducción brutal del gasto político: exigen cerrar dependencias como el Ministerio de Mujeres y el de Ambiente, eliminar la pauta oficial y bajarle la persiana a empresas del Estado deficitarias como el Astillero Río Santiago. Además, junto a espacios como la Coalición Cívica, apuntan contra ABSA y piden abrir la caja del IOMA mediante auditorías exhaustivas. Otros bloques menores, pero estratégicos, empujan el debate hacia incentivos fiscales que abaraten la contratación de empleo joven.
Con la reforma electoral (PASO y Boleta Única) virtualmente pateada para el 2027, el cierre del año legislativo asoma caótico, y las reelecciones eternas de intendentes, concejales, consejeros escolares y legisladores ya sin chances de aprobación en este 2026, la reforma política tan hablada en este año ha pasado a mejor vida. La pregunta que surge es si “la política” se animará a cambiar en año electoral las reglas del juego y en 2027 aceleran con los temas pendientes.
Kicillof necesita los votos para fondear su carrera presidencial, pero enfrente tiene a una oposición que pide recortes y a su propia tropa bloqueándole el recinto. EN Calle 6 no ven mal prorrogar los aprobaron el año pasado, es más, un caminador d ellos pasillos legislativos, que habla con los cerebros del Movimiento Derecho al Futuro avisa: “que no jodan mucho que Axel prorroga el presupuesto no negocia con nadie y chau”, pero la respuesta que no tuvo este veterano batallador es qué sucederá con la Ley fiscal impositiva, algo vital para un Ejecutivo. Silencio stampa.


