El bloque de Unión por la Patria ingresó un proyecto, impulsado por el diputado Facundo Tignanelli y su par Micaela Olivetto, que no se anda con rodeos: busca asfixiar la rentabilidad de las plataformas, a las que acusa de fomentar un problema grave de salud pública, y redireccionar esos fondos a las instituciones de la comunidad.
Lejos de las regulaciones tibias, el proyecto propone un cerco estricto sobre las licenciatarias que operan en territorio bonaerense. Con un enfoque centrado en la protección, el texto ataca el marketing agresivo, impone restricciones tecnológicas, bloquea la fuga de divisas y crea nuevos fondos solidarios que saldrán exclusivamente del bolsillo de las casas de apuestas.
GOLPE A LA RENTABILIDAD: CLUBES, ATLETAS Y FRENO A LA FUGA
El corazón financiero del proyecto busca tocar las millonarias ganancias de las multinacionales y obligarlas a dejar los recursos en la Provincia. Para empezar, exige que todas las empresas licenciatarias estén constituidas por un capital social 100% de origen nacional y tengan su sede en la provincia de Buenos Aires. Las empresas con capitales extranjeros que ya operan tendrán tiempo hasta el vencimiento de sus licencias actuales para adecuarse, sin derecho a prórroga automática. Para evitar la fuga rápida de dólares, las utilidades brutas deberán permanecer inmovilizadas en el Banco Provincia por 30 días, y hasta 180 días si hay participación extranjera.
Pero el golpe más duro a la rentabilidad viene con la creación de dos nuevos fondos. El primero le impone a las empresas un gravamen del 100% sobre lo que inviertan en publicidad y patrocinios. Todo ese dinero se destinará a salud mental, coparticipándose un 70% a los municipios y un 30% al Ministerio de Salud provincial.
El segundo es un aporte obligatorio del 3% sobre la totalidad de los premios (la ganancia neta del usuario por sobre la apuesta). El proyecto aclara expresamente que este 3% corre por cuenta exclusiva de la empresa y no se le puede descontar al apostador. El 100% de esta recaudación irá a un fondo de desarrollo: un 85% para fortalecer clubes de barrio, centros de jubilados, sociedades de fomento y centros culturales, y el 15% restante para becas a deportistas de alto rendimiento. Un detalle picante: los atletas becados tendrán estrictamente prohibido firmar contratos de patrocinio o publicidad con casas de apuestas.
EL FIN DEL MARKETING, LOS BONOS Y LA PALABRA “JUEGO”
La iniciativa plantea una batalla cultural desde el lenguaje: prohíbe utilizar la palabra “juego” y obliga a denominar la actividad como “apuestas en línea”, para quitarle el aura lúdica o de entretenimiento. En la misma línea, aniquila las trampas de captación de usuarios al prohibir de manera absoluta los “bonos de bienvenida”, los giros gratuitos, los créditos por recarga y los programas de fidelización.
La publicidad también queda bajo un corralito. Queda prohibida toda propaganda en la vía pública, medios de transporte y mobiliario urbano. Para redes sociales y televisión, se requerirá autorización previa del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, debiendo incluir advertencias obligatorias como “Apostar no es un juego”. Tampoco podrán asociar las apuestas al éxito social, ni usar inteligencia artificial para simular testimonios o falsos ganadores.
CEPO BIOMÉTRICO, LÍMITES DE PANTALLA Y DEUDORES ALIMENTARIOS
Para evitar que los menores apuesten usando el DNI de sus padres o en los recreos, el proyecto impone un torniquete tecnológico inédito: exige reconocimiento biométrico facial en tiempo real. Este escaneo será obligatorio al abrir una cuenta, en cada inicio de sesión, al depositar o retirar fondos y al realizar apuestas elevadas. Si se comprueba que una plataforma legal dejó pasar a un menor, la sanción será directamente la revocación de la licencia.
Además, se busca cortar la compulsividad limitando el tiempo. Las aplicaciones deberán cerrar automáticamente la sesión al cumplirse 60 minutos de uso continuo (bloqueando el reingreso por una hora) y si un usuario inicia sesión tres veces en un mismo día, quedará bloqueado por 24 horas. A esto se suma el bloqueo preventivo de las plataformas en todas las redes Wi-Fi públicas y escuelas de la Provincia, y la prohibición absoluta de apostar para quienes integren el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
LA FAMILIA AL RESCATE Y LA PATRULLA ANTI CLANDESTINA
En el plano de la contención, la ley le da “dientes” al Registro de Autoexclusión: la inscripción generará el bloqueo inmediato en todas las plataformas legales y obligará a las empresas a devolverle el saldo al usuario en un máximo de 10 días. La gran novedad judicial es que habilita a cónyuges, convivientes, familiares directos o al Ministerio Público a pedirle a un juez la “inscripción cautelar” de un apostador compulsivo, frenando así el vaciamiento del patrimonio familiar.
Finalmente, para combatir el mercado ilegal que escapa a las regulaciones, el proyecto crea la Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea (FEAIL) bajo la órbita de la Procuración General. Esta dependencia tendrá competencia en toda la Provincia para investigar de oficio y solicitar a los jueces, mediante un proceso exprés de 6 horas, el cese preventivo e inmediato que incluye la clausura de sitios web, el bloqueo de cuentas digitales y el corte de los medios de pago utilizados por el juego clandestino.
