En medio de la parálisis legislativa y las denuncias que cercan al entorno presidencial, la figura del jefe de gabinete, Manuel Adorni, ha quedado en el centro de una disputa de poderes que pone a prueba la arquitectura de la Constitución Nacional. En diálogo con el programa Palabras más, palabras menos de LA CIELO, el abogado constitucionalista Pablo Manili desglosó los procedimientos legales que habilitan al parlamento para desplazar al funcionario más importante de la administración nacional después del Presidente.
Según el especialista, el cargo de jefe de gabinete fue diseñado en la reforma de 1994 con una naturaleza específica: servir como un “fusible” institucional. “La idea del constituyente fue que el jefe de gabinete sirva para que, en caso de una crisis política, salte el funcionario y se preserve la figura presidencial”, explicó Pablo Manili. Sin embargo, advirtió que en la gestión de Javier Milei se observa un fenómeno inverso, donde el mandatario ata su suerte a la de su colaborador denunciado.
La remoción: una facultad política sin necesidad de pruebas
A diferencia de un juicio político tradicional, que requiere probar mal desempeño o delitos, la remoción del jefe de gabinete es una herramienta de control directo del Congreso de la Nación. Pablo Manili fue tajante al definir la discrecionalidad de esta medida: “La remoción es una facultad totalmente discrecional del Congreso. Te remuevo porque quiero removerte. Es una decisión política; te remuevo porque no me gusta tu cara y está perfecto”, sentenció el letrado.
Para avanzar en este desplazamiento, la Constitución Nacional exige una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. Esto implica reunir 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 votos en el Senado. Como paso previo, las cámaras pueden citar al funcionario a una interpelación —hacerle preguntas—, lo cual requiere únicamente de una mayoría simple de los presentes, un trámite que, según denunció el abogado, el oficialismo intenta “enfriar” enviándolo a comisiones de forma innecesaria.
El “disparate” de la reasignación inmediata
Uno de los puntos de mayor tensión jurídica radica en la amenaza trascendida desde la Casa Rosada sobre la posibilidad de que Javier Milei vuelva a nombrar a Manuel Adorni inmediatamente después de una eventual remoción parlamentaria. Si bien no existe una prohibición explícita en la letra de la ley, Pablo Manili calificó esta maniobra como un atentado contra el sistema democrático.
“No es democrático, no es republicano y no es ético que el presidente lo haga. Va en contra del espíritu de la Constitución porque el constituyente buscó que el Congreso tenga ese poder por arriba del presidente”, advirtió el constitucionalista en LA CIELO. Para el experto, entrar en un ciclo de “lo echo y lo vuelven a poner” sería un “disparate de un país en crisis” que haría perder el tiempo a los legisladores en lugar de ocuparse de los problemas urgentes de los argentinos.
Un funcionario “marginado de cualquier credibilidad”
La urgencia del debate parlamentario se acelera ante el avance de las causas judiciales que involucran al jefe de gabinete. Desde la conducción del programa se destacó que el gobierno ya ha comenzado a desplazar a Manuel Adorni de su rol de vocero, designando nuevos integrantes en el equipo de comunicación oficial.
La situación se tornará crítica si la justicia cita a indagatoria al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. “Es el segundo funcionario más importante porque bajo su firma se ejecuta el presupuesto de la República Argentina”, recordaron durante la entrevista. Mantener en el cargo a quien maneja la “lapicera” del gasto público mientras es investigado por la justicia representaría, para el análisis del programa, una contradicción insalvable para un gobierno que prometió terminar con los privilegios de la “casta”.
