El eje del análisis parte de un tuit publicado por el propio Luis Caputo, en el que respondió a críticas por la presencia de sus hijos en el Palacio de Hacienda y en la Quinta de Olivos. “Mis hijos trabajan conmigo”, escribió el ministro. Esa frase, según Bercovich, podría configurar una admisión de nepotismo o conflicto de intereses, figuras expresamente prohibidas por la Ley de Ética Pública para quienes ejercen cargos en el Estado.
A partir de esa declaración, Bercovich reconstruyó quiénes son y dónde trabajan los hijos del ministro. Luis Nicolás Caputo, de 30 años, figura como empleado de Invernea Sociedad Anónima, un fondo de inversión ganadero creado por Juan Pazo, hoy titular de la AFIP. El periodista subrayó la contradicción de que Pazo —funcionario con responsabilidad directa en el control impositivo— mantenga intereses en el negocio financiero y ganadero, mientras su subordinado en el gabinete comparte vínculos familiares con empleados de esa estructura privada.
Por otro lado, Agustín Luciano Caputo, de 28 años, aparece vinculado al estudio jurídico Bruchou, Funes de Rioja & Asociados, uno de los bufetes corporativos más influyentes del país. Bercovich recordó que ese estudio fue señalado como autor del borrador de la Ley Bases, el megaproyecto legislativo impulsado por Javier Milei para desregular la economía. “Estamos hablando del mismo despacho que redacta normas a pedido de las grandes empresas y que hoy tiene al hijo del ministro de Economía en su staff”, remarcó.
El conductor de Brotes Verdes también aludió al hijo menor, Cristóbal Caputo, a quien se vio en una foto grupal en el Ministerio de Economía, compartiendo espacio con asesores y colaboradores del ministro. “No es que lleva a su familia de paseo a la Quinta de Olivos —dijo—; lleva a los que laburan. Los que laburan, ¿qué están haciendo ahí? ¿Hasta qué punto están cruzados por las inhibiciones que exige la ley a todo aquel que trabaja en el Estado?”.
Bercovich advirtió que ninguno de los hijos del ministro figura en los registros de audiencias públicas ni en las nóminas oficiales del Ministerio. Esa ausencia, sumada a la propia admisión del ministro, refuerza, según su lectura, la sospecha de que hay personal no declarado o con vínculos contractuales informales operando en el entorno inmediato del Palacio de Hacienda.
“La confesión de Caputo lo deja expuesto a una posible investigación judicial”, concluyó Bercovich, señalando que el episodio no es solo un problema ético, sino potencialmente penal. “El ministro ya está cruzado por un montón de incompatibilidades. Esto, directamente, es admitirlas en público”, cerró.
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