La designación del nuevo integrante de la Corte, Sergio Torres, a quien le falta la jura para cerrar el círculo de su entronización, podría demorarse en función de cuestionamientos que fueron públicos y, según trascendió, generaron dudas en algunos integrantes del máximo tribunal. Es más que una simple demora y hay preocupación en el Gobierno. De hecho, María Eugenia Vidal ya perdió la primera batalla: la idea del Ejecutivo era cumplimentar ese trámite antes del recambio de autoridades en la Justicia, previsto para este viernes. No ocurrió. Y con suerte, podría concretarse con Presidencia nueva en el Tribunal.
Un supremo habría puesto como condición para aprobar su desembarco, un exhaustivo análisis de antecedentes. El foco está puesto en el “domicilio” que se consignó en el pliego de su designación. El objetor no es uno más. Aunque mantienen bajo siete llaves el expediente, según pudo reconstruir INFOCIELO, se trataría de Eduardo de Lázzari. Justamente quien asumirá la Presidencia del Tribunal el lunes próximo, después del receso pascual. ¿Se entiende por qué la premura del Ejecutivo?
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La semana pasada Torres se transformó –en los papeles- en el nuevo integrante de la Corte. El acuerdo parlamentario fue fulminante. De hecho se utilizó una herramienta reglamentaria –no habitual- en el procedimiento legislativo para que el pliego ingrese de forma expresa a comisión, antes de bajar al recinto. Se llama “giro directo a comisión”.
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Es un atajo legal, habilitado por reglamento, para esquivar el trámite normal que sigue cualquier proyecto: esperar la primera sesión posterior a la presentación para que tome estado parlamentario y después, recién, girarlo a Comisión. No hay objeciones de forma. El procedimiento estuvo encuadrado en la más absoluta legalidad. Sobresale, sin embargo, la condición excepcional de echar mano a esa herramienta, un antídoto eficaz cuando el tiempo apremia. Sobre todo en un año marcado por la contienda electoral que suele enfriar el cronograma de sesiones.
La solidez del acuerdo político que allanó la designación de Torres, quedó evidenciado en el tiempo récord que duró el procedimiento del acuerdo con respaldo de todos los frentes. Asuntos Constitucionales es una comisión clave. La más importante entre las de su especie en el universo legislativo. Funciona de forma equilibrada. De hecho en los primeros cuatro cargos del cuerpo está el gen de cada una de las fuerzas política con representación parlamentaria.
En ese ámbito, y después en el recinto, la oposición acompañó, sumisa, la patriada oficialista pese a las críticas de un sector del Poder Judicial. La discusión parlamentaria optó por hacer valer la nutrida lista de avales que consiguió el flamante cortesano, frente a las tibias objeciones de orden técnico. En Política, se sabe, este tipo de acuerdos suele ser un terreno fértil para generar un intercambio de favores. Pacto de conveniencias mutuas. El toma y daca permanente. ¿Nadie controla el fiel cumplimiento de los requisitos legales antes de la designación? De probarse lo que ahora se investiga, los legisladores se transformarían en el jurado más fácilmente engañable de los últimos 50 años.
En la Justicia, sin embargo, mandan otras pulsiones. El domicilio puede ser la excusa. Sobre todo cuando asomó una fuerte acusación por presunta “falsedad ideológica” de documento público. Esta semana se abrió un expediente administrativo. Es un sumario interno. Intentará echar luz sobre la cuestión que investiga la Justicia por trámite separado. Aunque van de la mano, son dos investigaciones distintas. En la Corte instruyen un trámite administrativo paralelo que incluye, según trascendió, un explícito pedido de que se haga un informe ambiental.
De Lázzari ya habría ordenado que se avance con ese expediente y que se investigue, puntualmente, la versión que asegura que el domicilio consignado por Torres para ‘acomodar’ la versión al requisito legal, se trataría, en rigor, de un edificio en construcción. Poco elegante para un Juez de Comodoro Py, vivir entre albañiles y escombros, con la incomodidad de una obra en ejecución a cuestas.
Sobre el final de la semana pasada llegó a la Corte un enviado de María Eugenia Vidal. No habían pasado 24 horas del acuerdo del Senado cuando desde Gobernación hicieron llegar el mensaje a los Supremos: la idea era apurar la jura antes del recambio de autoridades. Se llevó una sorpresa: supo del malestar y de la instrucción de un sumario interno que en el mejor de los casos demoraría el trámite, y en el peor escenario podría trabar directamente la asunción.
“Bueno, pero este es el mismo caso que el de Conte Grand ”, ensayó como argumento defensivo de la posición de Cambiemos el delegado de Vidal. La respuesta fue lapidaria: “Sí, pero el momento (político) es otro”. Como en la Justicia Federal, la debilidad o la fortaleza del poder político de turno, se ve reflejada en forma inversamente proporcional en la sumisión o en los límites que la Justicia bonaerense se anima a plantear.
No es una cuestión personal. De hecho, Torres generó buena impresión en los encuentros que tuvo como forma de presentación. “Es buena persona, se le nota”, reconoce incluso uno de sus detractores. La objeción es de fondo ¿Cómo cayó en el ámbito de la Justicia provincial que un magistrado de Comodoro Py, experto en la aplicación de un sistema que está en las antípodas del formato vigente en la Provincia, desembarque en un cargo clave? ¿No encontró Vidal un magistrado probo con experiencia bonaerense para completar el máximo órgano de Justicia de la provincia?
La Corte es un tribunal integrado por expertos de diverso linaje. No parece casual que justamente De Lázzari, con perfil académico y, sobre todo, autor de obras vinculadas al derecho procesal, haya puesto el ojo en las formas. En el fondo, la instrucción de un sumario con su firma no puede disociarse de la principal objeción que se escuchó en el ámbito de la Justicia por la designación de Torres: un experto en derecho procesal, con pergaminos en un código que no aplica en la Provincia.
En la semana que termina corta con el feriado religioso, un juez le preguntó a un integrante de la Corte sobre el tenor de las objeciones. Recibió como respuesta, una salida elegante: “¿Te parece que podemos tomar juramento a un Juez que mintió su domicilio?”. La pregunta funciona como argumento, pero no condena. Primero hay que probarlo. En eso están.
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