El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, decidió incorporar a la órbita municipal una clínica privada donde el viernes se detectaron 23 casos positivos de coronavirus. La intención de efectivizar el traspaso por parte de la Comuna comenzó el año pasado por la detección de irregularidades en la atención y el contexto de la pandemia terminó por acelerar el proceso.
Se trata de la Clínica San Carlos, a cuyos dueños Sujarchuk acusó de “desidia”. El Intendente ya firmó el traspaso y el sábado 2 de mayo el Estado municipal se hará cargo de la administración del sanatorio. Según Sujarchuk, el lugar “está en una situación crítica desde hace meses” y explicó en un comunicado que “en marzo nuestro Concejo Deliberante autorizó al municipio a negociar la adquisición de dicha clínica para poder poner a salvo a todos nuestros adultos mayores”.
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En ese mismo documento, el jefe comunal denunció que “las negociaciones habían comenzado desde fines de 2019, pero las dilaciones y especulaciones de los actuales dueños demoraron las gestiones y provocaron la situación de desidia y emergencia en la que se encuentra la clínica en la actualidad”.
Finalmente, tras la confirmación de 23 casos positivos de coronavirus en la clínica, que incluyen a pacientes y trabajadores de la salud, la Comuna inició el proceso de transición. Sujarchuk denunció que el contagio masivo de debió a “la falta de cumplimiento de los protocolos médicos de parte de sus autoridades”.
En ese marco, hoy mantuvo una reunión virtual con el secretario de Salud Juan Manuel Ordoñez, la directora interina Carolina Guida, la defensora del pueblo Rocio Fernández y los trabajadores y trabajadoras del la clínica San Carlos. “Escuchamos con atención los testimonios de cada uno de los profesionales y proyectamos un plan de acción para que cuando la clínica pase a manos de municipio”, expresó el Intendente.
Además, ratificó la intención de que la Clínica San Carlos “tenga la misma excelencia y condiciones laborales que el resto de nuestros centros de salud. Tomaremos las acciones judiciales necesarias para actuar contra aquellos que pusieron en riesgo a los pacientes y al personal de salud”.
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