El 3 de noviembre de 1995, a las 8:55 de la mañana, la ciudad de Río Tercero (provincia de Córdoba) fue sacudida por una ola de detonaciones en la planta de la Fábrica Militar de Río Tercero.
Según la reconstrucción judicial, tres explosiones ocurrieron en los depósitos de cargas y suministros, liberando decenas de miles de proyectiles y provocando una onda expansiva que barrió los barrios más cercanos.
Oficialmente se registraron siete víctimas fatales y más de 300 heridos. Las detonaciones causaron destrucción masiva: viviendas reducidas a escombros, automóviles destrozados, fragmentos de municiones incrustados en fachadas y una ciudad entera paralizada por el pánico. Un dato significativo: ninguna de las víctimas fatales eran operarios de la fábrica, lo que generó inmediatamente dudas sobre la versión oficial de “accidente”.
En los informes periciales se consignó que los explosivos almacenados —como trotyl (TNT) y hexolita— no habrían podido detonar sin detonador o reforzador, lo que abrió la hipótesis de una manipulación intencional. La onda expansiva fue dirigida en parte hacia zonas residenciales, algo que los peritos describieron como “acción planificada” más que simple negligencia.
Motivo y Justicia en pugna
La investigación determinó que las explosiones no fueron “fallas operativas” sino parte de un accionar diseñado para encubrir un desvío de armamento fabricado en la planta: entre 1991 y 1995, se habrían enviado proyectiles a destinos embargo como Croacia y Ecuador (en ese momento inmersos en sendos conflictos bélicos), utilizando como pantalla la destrucción de la fábrica.
El juicio que concluyó en 2014 ante el Tribunal Oral Federal de Córdoba Nº 2 dictó penas de 10 a 13 años para cuatro altos funcionarios de Fabricaciones Militares por “estrago doloso agravado por muerte de personas”. Sin embargo, altos cargos políticos no fueron condenados: por ejemplo, el ex presidente Carlos Saúl Menem fue imputado pero su causa terminó sobreseída.
En 2025 la Legislatura de Córdoba envió un pedido formal al Ejecutivo nacional para desclasificar los expedientes completos del caso. La comunidad de víctimas y organizaciones de derechos humanos advierten que sin conocer la totalidad de los archivos, la reparación seguirá siendo parcial.
Secuelas invisibles y reparación pendiente
Las secuelas físicas y psicológicas de la explosión se extienden hasta hoy. Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba constató en 2001 que un 87 % de la población encuestada manifestaba síntomas compatibles con estrés post‑traumático.
Mucho tiempo después, la reclamación de indemnizaciones sigue sin resolverse: unos 8.000 damnificados esperan el pago ordenado por la ley 27.179 sancionada en 2015.
En abril de 2025 se informó que el monto fijado es de alrededor de 8 millones de pesos por persona fallecida en el hecho. En el territorio local, la ciudad de Río Tercero ve con preocupación que muchas de las víctimas directas y sus familias ya no estén, sin que se concrete una reparación satisfactoria.
En noviembre de 2024 el gobierno de la provincia firmó una ley que instituye el 3 de noviembre como “Día de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero”. Este tipo de reconocimientos simbólicos conviven con la demanda concreta de transparencia, pago de daños y verdad plena.
Memoria que no cesa
La ciudad de Río Tercero recuerda aquel viernes con ceremonias, exposiciones y muestras que recuerdan que “esto no fue un accidente”. En el Museo de Antropologías de la Universidad Nacional de Córdoba se exhibió la muestra “No fue un accidente”, donde víctimas relataron sus historias y reclamaron la responsabilidad estatal.
Cada aniversario reaviva la pregunta: ¿por qué no se juzgaron todos los responsables? ¿Por qué muchos residentes siguen sufriendo sin reparación completa? Entre explosiones, esquirlas, ciudadanos marcados y procesos judiciales a medias, el 3 de noviembre de 1995 permanece como una cicatriz abierta en la memoria colectiva argentina.
