El Gobierno nacional anunció este martes un nuevo cambio en el Gabinete tras la renuncia de Dante Javier Herrera Bravo como secretario de Legal y Técnica por razones personales. En su lugar, el presidente Javier Milei designó a María Ibarzabal Murphy y unificó el área con la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo.
A través de un comunicado, la Oficina del Presidente destacó la “amplia trayectoria” de Ibarzabal Murphy en los sectores público y privado, resaltando que ya venía colaborando con la actual gestión. “Ha desempeñado un rol clave en la presente gestión al liderar la redacción y la estrategia jurídica de iniciativas fundamentales impulsadas por el Presidente Javier Milei“, señaló el documento oficial.
¿Quién es Ibarzabal Murphy?
Ibarzabal Murphy participó en la confección de la nueva Ley de Bases, la reforma estructural de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la implementación de la Ley de Boleta Única de Papel, la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la eliminación de privilegios en empresas públicas y de designaciones hereditarias. También integró el equipo que trabajó en la redacción del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia vinculado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La flamante funcionaria reporta directamente a Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial que integra el llamado “triángulo de hierro” dentro del Gobierno. Según fuentes oficiales, su designación también contó con el respaldo de Karina Milei, lo que refuerza su posición en el Ejecutivo. Ibarzabal Murphy se desempeñaba hasta ahora como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, un área que dependía directamente del Presidente.
Abogada de profesión, la nueva secretaria de Legal y Técnica trabajó previamente como asesora en la Procuración del Tesoro durante el Gobierno de Mauricio Macri y en el estudio Cassagne. En la administración actual, es considerada una de las “espadas jurídicas” del asesor presidencial y estuvo a cargo de los cambios en el decreto de Acceso a la Información, una normativa que generó polémica al restringir el acceso a datos privados de funcionarios y limitar la difusión de información cuando pudiera causar “daños y perjuicios” a las personas.
“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso de continuar trabajando con eficiencia, austeridad y los mejores profesionales para consolidar una administración pública al servicio de todos los argentinos”, concluyó el comunicado oficial.
