En una sexta sesión ordinaria donde el gran ausente fue el debate por la mega ley contra la ciberludopatía, la Cámara de Diputados consolidó una hoja de ruta enfocada en apagar los incendios financieros de los municipios y poner nuevas reglas en las escuelas de la Provincia. El cuerpo legislativo aprobó sobre tablas la licencia extraordinaria solicitada por la diputada libertaria Jazmín Ailén Carrizo. Tras la votación de rigor —amparada en el artículo 4° inciso B del reglamento interno de la Cámara—, se oficializó la incorporación de Griselda Mirian Romariz, quien asumió formalmente como nueva diputada de La Libertad Avanza para ocupar el lugar vacante.
La rosca legislativa de último minuto trajo oxígeno puro para las arcas municipales, aunque con un nivel de complejidad propio de la política bonaerense. En la previa a la sesión, se cerró el acuerdo para modificar el pago del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal, otorgando un alivio clave a los intendentes: la primera cuota llegará con un 100% de libre disponibilidad, permitiendo a los jefes comunales tapar agujeros urgentes, pagar sueldos o proveedores sin tener que rendir cuentas por programas específicos.
La letra chica de este consenso, sin embargo, establece que las otras cuatro cuotas restantes volverán al esquema mixto: un 30% de libre disponibilidad y un 70% afectado a áreas y proyectos determinados.
Semejante maniobra generó un cortocircuito operativo e institucional inmediato en el recinto, ya que hay 44 intendentes que ya cobraron la primera partida bajo el sistema viejo (con el dinero atado a la estricta estructura del 70/30). Cómo se compensará o equiparará a esos distritos es la gran pregunta que sigue resonando en las bancas.
Pero la rosca no termina ahí. Este esquema mixto podría cambiar vía dictamen de la comisión Bicameral. Diputados ya tiene designados a sus miembros para conformarla, pero el Senado aún no los definió. Este movimiento en el tablero es clave, ya que la Bicameral es la herramienta institucional para lograr que, finalmente, todas las cuotas pasen a ser de libre disponibilidad.
PERONISMO Y UCR DEFENDIERON EL CAMBIO
El debate por la caja y la autonomía financiera de los distritos sumó la voz de la experiencia territorial de la mano del diputado peronista Diego Nanni. Apelando a su reciente rol como intendente de Exaltación de la Cruz, el legislador respaldó la modificación de la ley para garantizar la libre disponibilidad de los recursos, recordando que lo que en sus orígenes era un Fondo de Infraestructura destinado a obras de asfalto o iluminación, hoy mutó en un salvavidas puramente operativo. “Dada la coyuntura, a las municipalidades nos cuesta mucho, sinceramente, pagar el sueldo de los empleados municipales”, confesó Nanni, advirtiendo sobre el impacto de la inflación en los costos de las comunas. En ese sentido, remarcó que habilitar el uso irrestricto de este salvataje financiero es vital para que los jefes comunales —que son “la primera cara” del Estado frente a la sociedad— puedan gestionar sin tener que pedir permiso administrativo.
Lejos de limitar su intervención a la burocracia contable de la Provincia, Nanni aprovechó el uso de la palabra para disparar munición gruesa contra el retiro de la Casa Rosada y la “motosierra” libertaria que termina ahogando a las gestiones locales. “Tenemos que estar cubriendo responsabilidades que el Estado nacional deja en manos de los intendentes o directamente se desresponsabiliza, dejando en la vereda a vecinos y vecinas con el tema medicamentos y otras prestaciones”, denunció el legislador de Unión por la Patria. Para cerrar, el diputado apuntó directamente a la cúpula del Ejecutivo nacional, exigiéndole que baje al barro de la gestión: “Debería el presidente de la Nación atender directamente de primera mano lo que le quieren hacer llegar y atender realmente cuáles son las necesidades de los argentinos”, remató.
El presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, fundamentó el proyecto que impulsó para destrabar el ahogo financiero de las comunas y apuntó directamente contra el oficialismo por la falta de cumplimiento institucional. Durante su intervención, el legislador radical explicó que la iniciativa actual surge porque “lamentablemente no se ha cumplido un acuerdo celebrado el año pasado” vinculado a la ley de endeudamiento, que preveía la creación de una comisión bicameral para la distribución del 30% de los fondos a los municipios. En esa línea, recriminó que mientras la Cámara de Diputados cumplió en designar a sus representantes en diciembre, “el Senado no ha hecho lo mismo, entonces no hemos podido constituir la comisión” y los intendentes se vieron privados de recibir los recursos creados por la Legislatura.
Ante ese incumplimiento y el delicado escenario que atraviesan los distritos, Garciarena remarcó la necesidad de dar una respuesta urgente para asistir a las administraciones locales que “no la están pasando bien”. El acuerdo alcanzado establece que la primera cuota de los fondos sea de “libre disponibilidad”, lo que significa que cada municipio podrá utilizar el dinero según sus urgencias operativas, contemplando también que aquellos distritos que ya hubiesen firmado convenios específicos puedan desafectarlos para las rendiciones de cuentas. Para cerrar, el diputado advirtió que, una vez aprobada la norma en Diputados, se deberá exigir al Senado que constituya la Bicameral para garantizar que las próximas cuotas lleguen en tiempo y forma a los intendentes.
AULAS, EMPRESAS RECUPERADAS, OBRAS HÍDRICAS, PANTALLAS Y SALUD MENTAL: EL PAQUETE QUE LLEGÓ DEL SENADO
El guiño al territorio se completó con la aprobación de un expediente que venía del Senado, impulsado por Sergio Vargas. Esta norma autoriza a los municipios a reasignar los fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural para volcarlos directamente en obras de infraestructura hídrica.
A su vez, el cuerpo legislativo convalidó el proyecto de Malena Galmarini, que declara la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas, blindando a las cooperativas bonaerenses frente al ajuste nacional.
Por fuera de los números de la política, la sesión estuvo atravesada por el tratamiento conjunto de tres proyectos de ley vinculados a la tecnología y la educación, que regresaron de la Cámara Alta con modificaciones y finalmente lograron sortear el recinto.
El peronismo y sus aliados le dieron forma a una nueva dinámica para las secundarias. En primer lugar, avanzó el proyecto de la diputada quilmeña, Mayra Mendoza, conocido como “Ley Ema”, que busca garantizar el derecho de los estudiantes del sistema educativo provincial a una convivencia digital segura.
En esa misma sintonía, y para intentar contener la distracción y el ciberacoso, se aprobó la iniciativa del legislador Martín Rozas que establece la regulación del uso de teléfonos celulares y pantallas tecnológicas en las aulas de todos los establecimientos de nivel secundario, tanto de gestión estatal como privada.
El tridente escolar se cerró con el visto bueno al expediente de la diputada massista Luciana Padulo, que modificó la Ley 13.688 para incorporar formalmente la educación emocional en la currícula de los niveles inicial, primario y secundario.
En una tarde plagada de homenajes a deportistas, clubes barriales y aniversarios municipales impulsados por casi todos los bloques, la Cámara Baja despachó los temas de consenso, oxigenó las finanzas locales y dejó el terreno preparado para la madre de todas las batallas que se avecina: el Presupuesto 2027.
