En medio de las protestas y los acampes en Plaza de Mayo de parte de las de organizaciones pertenecientes a pueblos originarios, el Gobierno Nacional prorrogó por decreto la suspensión de los desalojos a las comunidades indígenas. Se trata de una medida cuyo proyecto de ley en el Congreso contó con la media sanción del Senado, pero aún no fue tratada por Diputados que debe sancionarla completamente.
A la espera de que la norma debata, el presidente Alberto Fernández firmó el Decreto 805/2021 que fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, el cual aseguró la extensión de la normativa que vencerá el próximo martes 23 de noviembre y así el Poder Ejecutivo mantiene la prohibición de los desalojos de las comunidades originarias por cuatro años más: hasta el 23 de noviembre de 2025.
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“Mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario, resulta imprescindible dar continuidad a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos en los artículos 1°y 2° de la ley N° 26.160 y modificar su artículo 3º, hasta el 23 de noviembre de 2025, de conformidad con las pautas previstas en el proyecto de ley aprobado por el Honorable Senado de la Nación”, se argumentó desde el Gobierno en torno a la suspensión de desalojos.
Cabe recordar, a todo esto, que la Cámara alta aprobó a fines de octubre, con 43 votos afirmativos, 2 negativos y 7 abstenciones, la prórroga de la emergencia territorial indígena, proyecto que a la vez dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad se deberá asignar al Fondo Especial creado por la ley una suma de 290 millones de pesos. La iniciativa superó el Senado, pero aún no fue tratada por la Cámara baja.
En detalle
Acerca de la suspensión de desalojos, desde el Gobierno se justificó que “las medidas que se disponen son proporcionadas en relación con la enorme incertidumbre a la que se encuentran sometidas gran número de comunidades indígenas ante los procesos judiciales y extrajudiciales de desalojos latentes, lo que puede poner en riesgo su identidad cultural y la existencia misma de la comunidad”. La prórroga ocurre mientras en los últimos días en la Patagonia se repitieron los ataques de sectores violentos de la comunidad mapuche.
En su artículo 2º, el texto oficial indicó la suspensión “por el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”.
Durante los próximos cuatro años el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INANI) realizará el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dará intervención al Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y, en caso de corresponder, a la Administración de Parques Nacionales.
Además el INAI deberá presentar, a partir de 2022 y antes del 30 de noviembre de cada año ante el Congreso, un informe anual que detalle el estado de avance de mencionado proceso de relevamiento, el cual deberá incluir información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y el proceso de relevamiento e indicará el porcentaje de avance.
Según se informó desde el Gobierno, ante un universo de 1760 comunidades indígenas identificadas a la fecha, el INAI finalizó el proceso de relevamiento de 746 e inició el de otras 246 que se encuentran en distintos grados de avances de ejecución.
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