Un pedido de informes a la empresa Nosis, la firma especializada en información financiera en la que Asuntos Internos escarbaba antecedentes de sus objetivos, amenaza con ampliar el universo de los “espiados” durante la gestión de María Eugenia Vidal a límites escandalosos.
La Justicia libró un oficio a la firma para contrastar la información suministrada por Asuntos Internos, y la respuesta sorprendió por el tenor de las averiguaciones. Entre 2016 y 2019, Asuntos Internos encargó información calificada de 46.316 objetivos.
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En la lista aparecen personas y organismos que hasta el momento no figuraban en la investigación que lleva adelante la Justicia bonaerense. Entre otros el Gobierno porteño, y varios de los jueces federales con asiento en Comodoro Py, según pudo saber INFOCIELO de fuentes calificadas. La lista es interminable, y está plagada de objetivos civiles, un universo que está fuera del alcance de cualquier investigación de Asuntos Internos.
La Justicia investiga una red de ‘espionaje’ ilegal desde Asuntos Internos de la Policía bonaerense, durante la gestión de Vidal. En las actuaciones figuraba hasta ahora un listado con alrededor de 1.400 objetivos, entre personal uniformado y agentes civiles. Sobre esa lista que adjuntó AI a pedido de la fiscalía trabajaba hasta hoy la Justicia. Ahora, se sumó otra lista con más de 46 mil objetivos sobre los cuales asuntos internos requirió información financiera. Apiladas, son 7 centímetros de hojas tamaño oficio a doble faz, plagadas de nombres.
Los 1.400 casos que hasta hoy se conocían parecen apenas un racimo en semejante universo, aunque figuran dirigentes políticos como los intendentes Espinoza, Mussi y Mario Ishi y organismos claves de dos poderes del Estado como la Suprema Corte bonaerense y ambas cámaras legislativas de la Provincia.
El listado original surgió de las pericias sobre la computadora del ex titular de Asuntos Internos, Guillermo Berra, y de su esposa, Rosario Sardiña, ambos imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado. El peculado es un delito que tipifica la “malversación de fondos públicos”, y en el expediente refiere justamente a un hecho comprobado: se desviaron recursos presupuestados para el funcionamiento del organismo, para pagar “informes” sobre civiles que nada tienen que ver con su funcionalidad operativa.
Hay facturas del servicio de averiguación de información financiera que, proyectadas, suman $293.760. Sobre esa cuestión, entre otras que involucran a los objetivos, tendrán que responder Berra y Sardiña en la indagatoria prevista para el 29 de junio próximo.
La causa tiene hasta hoy 4 querellantes. Entre ellos el ex comisario Néstor Martín que originó la investigación, y el ex jefe de asesores del ex ministro Cristian Ritondo, Marcelo Rochetti, además de un asesor y una auditora del propio Guillermo Berra. Pero podría ampliarse en las próximas horas con presuntas ‘víctimas’ que empiezan a presentarse en la causa para conocer con precisión la información que los involucra. Un juez de los ‘espiados’ de hecho ya se presentó ante la Justicia para solicitar se lo tenga como querellante.
En la Justicia le apuntan a Vidal, pero también a la ex diputada Elisa ‘Lilita’ Carrió, como las destinatarias de la información recabada de forma ilegal. Hay indicios que sostienen la sospecha: la ex fundadora de Cambiemos denunció en 2018 al Jefe de Gabinete de Ritondo, Marcelo Rocchetti. Lo acusó de compartir negocios con el operador judicial Alfredo “Freddy” Lijo en Celedonia SA, una aseguradora de autos con un millonario pasivo.
Rochetti terminó renunciando, pero la imputación, sugestivamente, se asienta en información financiera típicas de las que recaba Nosis. Rochetti había sido objetivo de esas averiguaciones por parte de Asuntos Internos con fecha anterior a la denuncia de Lilita Carrió.
El próximo lunes Berra y Sardiña deben presentarse ante la justicia, aunque pueden hacer uso del derecho constitucional que les cabe de no declarar. La semana pasada la Justicia rechazó un pedido de eximición de prisión presentado ante el Juez de Garantías Guillermo Atencio por la defensa de los imputados. El magistrado interpretó que las averiguaciones que se investigan revisten “gravedad institucional”, porque involucran a la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a las Cámaras legislativas de la Provincia como objetivos del espionaje.
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