A días de las elecciones, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich busca limpiar los casos de gatillo fácil que se dieron durante estos tres años y medio luego de elaborar un “contrainforme” que apuntó a desmentir el estudio pormenorizado que realiza año a año la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
Hace tan solo unos días, había exclamado en un discurso para pocas personas que –en caso de renovar el poder- dejarían de ser “políticamente correctos” con los movimientos sociales, un sector que “desde el primer día nos rompieron…”, en palabras de la propia ministra.
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Ahora, en el documento que se desarrolló, el ministerio prácticamente quiere desligarse de todos los casos de gatillo fácil y de muertes en donde el Estado y las fuerzas de seguridad tuvieron un rol preponderante.
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Familiares de víctimas del fentanilo contaminado respaldaron la investigación del juez federal Ernesto Krepak y reclamaron al presidente Milei que no politice el caso.
En síntesis, el informe del ministerio afirma que el 75% de los casos del archivo que presentó el año pasado la Correpi “no son violencia institucional” y que, además, el 22,5% restante están sometidos a investigación. Lo increíble es que, entre esos casos, el ministerio que dirige Bullrich no tomó siquiera a los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Tampoco los cuatro jóvenes que murieron en la masacre de San Miguel del Monte.
Pero hay un dato que llama aún más la atención y que demuestra que la estrategia para tapar los casos de gatillo fácil, fue un tanto apresurada: el informe ministerial toma 98 casos del período 2016 y 2018 que solo corresponden a las fuerzas federales. Se excluyeron todos aquellos que involucran a las Fuerzas Armadas, el Servicio Penitenciario Federal y los uniformados retirados, entre otros.
A principios de este año, la Coordinadora contra la Represión difundió un nuevo informe de estadísticas en el cual alertó que, en 2018, una persona fue asesinada por el Estado cada 21 hs. Esa espeluznante cifra convirtió al gobierno de Cambiemos en el más represor en tiempos democráticos.
“Bien leído, no hace más que confirmar la veracidad de nuestra información” y que “en ningún caso pudieron decir que es un invento o esto no pasó”, respondieron desde la Correpi.
Es que, el apurado contrainforme que lanzó el ministerio no contó los casos en donde hubo “protagonismo de miembros de las fuerzas armadas (ejército, marina y fuerza aérea), indudablemente federales; los vigiladores privados (que son supervisados por el Ministerio de Seguridad); los femicidios cometidos por miembros de las fuerzas (20% del total de femicidios a nivel nacional), como si esas mujeres no hubieran sido asesinadas a punta de un arma reglamentaria”.
Además, agregaron, que los informes realizados por la Coordinadora se construyen a partir del “contacto directo con lxs familiares o amigxs de las víctimas, el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales, aportes de compañerxs de las provincias que sistematizan y remiten información ya chequeada, informes de otras organizaciones, informes de organismos oficiales que registran datos de interés, etc.”
En diciembre de este año, al Correpi volverá a sacar un informe acerca de los casos de gatillo fácil durante el 2019. Para ese entonces, el gobierno de Mauricio Macri podría estar de retirada.
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