En la carta firmada por Moyano, por Abel Frutos, secretario gremial de la CGT y por Guillermo Pereyra, secretario Adjunto, tildan al impuesto a las ganancias como un “verdadero impuesto al trabajo” y por esa razón exigen que su modificación y lo mismo con las Asignaciones Familiares y a que –consideran- que “la no actualización” es “discriminatoria” y afecta a los trabajadores que “ven sus aumentos salariales licuados por la pérdida o la disminución de dichos beneficios sociales”.
Sobre las Asignaciones destacan que si bien “hubo retoques que funcionaron como paliativos”, hoy en día están “claramente desactualizados”. Tras explicar que aquellos que perciben salarios mayores a $5.200 “reclamamos se elimine los techos existentes y recuperen las asignaciones su carácter universal, y se eleven significativamente los valores de la misma”.
Asimismo, solicitan “se eleven también significativamente los topes previstos y se unifique en la asignación más alta para todos los trabajadores, sin distinción de ingresos”.
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En lo que al Impuesto a las Ganancias respecta, la CGT que renovó autoridades el pasado 12 de julio –elecciones en las que Moyano obtuvo su tercer mandato-, destacó que “el trabajo no debe tributar impuesto por cuanto el mismo tiene carácter alimentario”. En ese sentido señalan que “una de las asignaturas pendientes es realizar una profunda reforma tributaria que elimine el carácter regresivo de este sistema impuesto por la dictadura militar y profundizado por los gobiernos neoliberales”.
Agregan que “la falta de actualización de los topes mínimos ha empeorado la grave situación que padecen los trabajadores afectados, ya que si se hubiesen actualizado los mismos hoy estaríamos en la suma de $11.600 en lugar de los $7.900 actuales para una familia tipo”.
Por lo expuesto, instan al gobierno nacional a diseñar una reforma tributaria “que limite razonablemente el impuesto al trabajo y revise el IVA (impuesto regresivo por excelencia) reemplazándolos por un sistema donde realmente paguen los que más tienen con un claro criterio de Justicia Social”.
Plantean a Cristina Fernández de Kirchner “la necesidad de arbitrar los mecanismos para evitar que las trabajadores sigan percibiendo salarios muy por debajo del salario mínimo, vital y móvil, tanto en la órbita estatal (fundamentalmente provincial y municipal), como en la privada”.
Y por último, si bien destacan los “avances operados desde 2003” a esta parte, vuelven a hacer foco en las “jubilaciones dignas”, al remarcar que los ingresos que perciben jubilados y pensionados, “no permiten vivir dignamente luego de una vida dedicada al trabajo”.
