En el medio de la pelea judicial y política por la restitución “Fondo Sojero”, a la conducción de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por la matancera y kirchernista Verónica Magario, se le abrió un inesperado frente de conflicto: un pedido de desalojo de su sede porteña una millonaria deuda de expensas.
Según pudo reconstruir INFOCIELO, la orden llegó el jueves pasado mientras una comitiva de la FAM se presentaba en los Tribunales de Talcahuano contra la eliminación del Fondo Federal Solidario. Esa coincidencia disparó lecturas entrelineas.
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Según el texcto, el piso de Cerrito 832 debería ser dejado este lunes. Este portal pudo saber que la intendenta de La Matanza habría pedido tiempo hasta el jueves para seguir negociando y buscar otra salida.
“Deberá desalojar su domicilio indefectiblemente el día 10 de septiembre, bajo apercibimiento de ser lanzado por la fuerza pública”, dice el documento según publica Página 12. El mismo está firmado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 3
La demanda había sido iniciada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende directamente de la Jefatura de Gabinete, por monto de más de $900.000, según datos de Lapoliticaonline.
Lo que explican desde el entorno de Magario es que, supuestamente, existía un acuerdo con el Estado nacional donde la FAM –desde su creación, cuando la presidía Julio Pereyra, otrora intendente de Florencia Varela– quedaba extensa de gastos. Las diferencias aparecen sobre si la entidad tenía que absorber o no los gastos de mantenimiento.
Mientras se espera por la posibilidad de un desalojo por la fuerza, Magario y un grupo de jefes comunales de la FAM serán recibidos esta tarde por el Ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre. Será a las 18:00 en la Casa de la Provincia en Capital Federal,
El encuentro tendrá como tópico principal la situación social del Conurbano pero también se hablará del futuro de las comunas sin los recursos de los derechos de exportación de la soja. Según la presentación judicial de la FAM, “la decisión es fundada por el Presidente en argumentos, falsos e insustanciales” y “omite que la crisis económica que vive el país afecta los ingresos de todos los municipios también”.
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